Opinión
La Jornada
23/02/2026 | Ciudad de México
La muerte del máximo cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivada de un enfrentamiento ocurrido la mañana de ayer en la localidad de Tapalpa, Jalisco, entre individuos de ese grupo delictivo y fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, generó en varias entidades del país una brutal reacción por células del cártel que bloquearon carreteras y calles, incendiaron vehículos, sucursales del Banco del Bienestar y tiendas Oxxo. Se registraron, además, un motín en el penal de Puerto Vallarta y ataques a la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos, con un saldo parcial de 10 efectivos gubernamentales fallecidos y 12 heridos, además de una víctima civil que murió en fuego cruzado.
Evidentemente, estas acciones criminales no sólo tenían el propósito de dificultar los desplazamientos de las fuerzas del orden, sino también generar pánico y zozobra entre la población civil y afectar a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno, principales usuarios del Banco del Bienestar, especialmente en las zonas donde el cártel ha tenido una mayor presencia.
En forma paralela a las agresiones del CJNG, se desató un alud de noticias falsas y alarmistas –varias de ellas, originadas en Estados Unidos–, ya fuera desde cuentas que formalmente pertenecen a periodistas y opinadores como desde granjas de bots anónimos, que amplificaron los efectos de las acciones delictivas.
En ese contexto, incluso se llegó a decir que fueron militares estadunidenses quienes acabaron con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, cuando la realidad es que la participación de las autoridades del país vecino se limitó a aportar información complementaria, en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes en materia de seguridad. Y por enésima ocasión, voces de la oposición política buscaron aprovechar una circunstancia nacional difícil para denostar al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Más allá de esa doble campaña de amedrentamiento y confusión, la muerte de Oseguera Cervantes plantea interrogantes ineludibles sobre lo que ocurrirá con la que es considerada la más poderosa organización criminal del país en la actualidad.
Sin demeritar la importancia del golpe que le fue propinado ayer por la acción conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, hay antecedentes de cárteles que, tras perder a su máximo jefe por captura o por muerte en enfrentamiento, se trenzan en cruentos enfrentamientos internos por el liderazgo, se fragmentan en grupos antagónicos –lo que da lugar a prolongados escenarios de violencia en las regiones en las que operan–, o se atomizan, dando paso a pequeñas células delictivas que empiezan a actuar por su cuenta.
Cabe esperar que las autoridades de los tres niveles de gobierno tengan la capacidad para evitar consecuencias como las referidas y, en lo inmediato, que puedan restablecer la seguridad pública en las zonas donde se vio alterada ayer. Y en lo que respecta a los multiplicadores de la zozobra, es deseable que entiendan que sus acciones resultan perniciosas no para el gobierno actual, sino para el país en su conjunto.
Edición: Ana Ordaz
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