Opinión
La Jornada Maya
25/02/2026 | Mérida, Yucatán
¡Que no quede huella, que no, que no!, clamaba el grupo Bronco en una de sus canciones más conocidas, y aunque ésta se refería a los efectos sentimentales de una ruptura amorosa, también pareciera poder aplicarse al tejido social, ahí donde ha sido quebrantado.
El golpe dado el pasado domingo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue una demostración de fortaleza del Estado mexicano. Porque si bien de lo que más se habla es de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y de un exitoso operativo de las Fuerzas Armadas, los reflectores no han dado tanta luz a que también fue abatido Hugo César Martínez Ureña, El Tuli, operador financiero de la organización criminal y quien coordinó los bloqueos carreteros y además ofrecía 20 mil pesos por cada soldado asesinado. Igualmente han caído otros lugartenientes de Oseguera Cervantes.
Sin embargo, el arraigo del cártel es profundo. Se ha mencionado que mediante alianzas consiguió operar en 40 países, incluyendo Estados Unidos prácticamente en su totalidad. En México, está por demás decir que la organización posee bases de apoyo transversales; que van lo mismo de los sectores más vulnerables que responden al reclutamiento porque no tienen nada que perder, como personalidades de la iniciativa privada que facilitan negocios para servir de fachada en operaciones de lavado de dinero, porque tienen mucho por ganar.
Esa es la estructura que está por desmontarse, pero queda como interrogante resolver cuál será la nueva situación para la población en general. Resulta curioso escuchar del gobierno de Canadá que “la situación de seguridad se ha estabilizado” en distintas áreas de México; aquellas en donde se vivió la violencia desatada el domingo. Esa estabilidad, algunos podrían llamarla calma chicha o vivir al filo del agua, como la novela de Agustín Yáñez ambientada, precisamente, en el Jalisco rural.
En estos momentos, ya con el “código rojo” levantado, escuelas, oficinas públicas y supermercados abriendo sus puertas, y con las aerolíneas, autobuses y camiones de carga haciendo sus rutas habituales, el trauma persiste. Todavía, en la proximidad del pueblo de Tapalpa, se retiran automóviles quemados de lo que hace unas cuantas horas eran bloqueos carreteros. Que no quede huella de ellos, parece ser la instrucción. Tal vez sea posible eliminar las marcas del terreno, pero la sensación de miedo al volver a los caminos, el acogerse a la protección divina cuando está por caer el sol y faltan unos kilómetros para llegar al destino, siguen ahí.
Y no es sólo en Jalisco. Guerrero lleva también varios registros de episodios violentos en los últimos años, al igual que Michoacán y Sinaloa. Agreguemos Guanajuato, Quintana Roo, Baja California, Oaxaca y Veracruz, y sigue la pregunta en el aire: ¿cuál es la normalidad, cuando se han pasado casi dos décadas intentando sobrevivir a la actividad de los cárteles? Ya van por lo menos dos generaciones que nacieron rodeados de historias de extorsiones, cobros de piso, “levantones”, reclutamientos forzosos, y circulación de metanfetaminas y drogas químicas que se volvieron sumamente accesibles, incluso más baratas que una cerveza.
La “normalidad” no queda clara, y entonces es necesario construir un nuevo marco de convivencia al cual es urgente apuntar qué se quiere como piso mínimo de calidad de vida. Hay por lo menos dos pilares que deben servir de cimiento: la seguridad garantizada por parte del Estado y la fortaleza de las instituciones.
Pie de foto: Todavía, en la proximidad del pueblo de Tapalpa, se retiran automóviles quemados de lo que hace unas cuantas horas eran bloqueos carreteros. Que no quede huella de ellos, parece ser la instrucción.
Edición: Fernando Sierra
