Cuba: ¿imprudencia o provocación?

Autoridades cubanas detectaron ayer por la mañana una lancha rápida con matrícula estadunidense a una milla náutica (1.8 kilómetros) de Cayo Falcones, en el noroeste de la isla y a 50 kilómetros de la célebre zona de Varadero. El punto más cercano de Estados Unidos se ubica aproximadamente 180 kilómetros al norte, en los Cayos de Florida. Cuando una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras se acercó para proceder a la identificación del buque y sus tripulantes, éstos abrieron fuego e hirieron al comandante de la nave oficial. Tras la respuesta de los agentes, el saldo fue de cuatro muertos y seis detenidos en la lancha con placas FL7726SH.

Las primeras reacciones de Washington fueron inusualmente institucionales y contenidas para los estándares del trumpismo. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que La Habana lo puso al tanto de los sucesos y que la embajada estadunidense está trabajando para contactar a los detenidos, con el fin de determinar si son ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes. Asimismo, quienes resultaron heridos ya reciben atención médica y su gobierno esperará a contar con más información para actuar en consecuencia, dijo. Por su parte, el vicepresidente JD Vance sostuvo: “estamos siguiendo la situación; esperamos que no sea tan grave como tememos, pero no puedo decir más, porque simplemente no sé más”. De manera poco sorpresiva, el tono fue muy distinto en Florida, cuyos funcionarios y legisladores echaron mano de una rancia retórica propia de la guerra fría para culpar a Cuba sin disponer de dato alguno sobre los acontecimientos.

Cabe destacar que, pese al incidente, horas después la Casa Blanca anunció un relajamiento –parcial e insuficiente– de su bloqueo ilegal contra los envíos de petróleo a la isla. La nueva política habilita licencias de exportación de crudo mientras no beneficien a “personas o entidades asociadas con las fuerzas armadas cubanas, servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales”, una restricción que, en la práctica, excluye a cualquier organismo cubano con la capacidad para coordinar y recibir los cargamentos.

En este clima de ambigüedad, es necesario prevenir ante todo intento del trumpismo de usar lo ocurrido como pretexto para escalar las agresiones contra el pueblo cubano, ya sea reforzando (si ello es posible) la asfixia económica, o lanzando operaciones militares a fin de concretar el cambio de régimen que Washington ansía desde 1960. No puede olvidarse que en 1898, Estados Unidos recurrió a otro incidente naval para declarar la guerra a España y apoderarse de sus entonces colonias: la propia Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hoy es sabido que la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana fue, en el mejor de los casos, un accidente por el incendio de un depósito de carbón y, en el peor, un ataque de falsa bandera en el que la potencia emergente sacrificó a sus soldados para facilitar sus objetivos imperiales. No se trata de una lección de historia, sino de presente: aunque el Maine se hundió hace 128 años, Puerto Rico sigue bajo dominio colonial, y las fuerzas armadas estadunidenses mantienen bases en Filipinas y en la bahía de Guantánamo.

Denunciar las tácticas del imperialismo estadunidense es un asunto de supervivencia para todas las naciones que aspiran a la libertad, y en particular para México, víctima del mayor robo territorial perpetrado por Washington: en 1846, el presidente James K. Polk ordenó al general Zachary Taylor avanzar tropas hacia el río Bravo, 200 kilómetros al sur de la frontera vigente entonces, a fin de forzar un enfrentamiento con las tropas mexicanas. Las acciones de defensa de las huestes nacionales fueron clasificadas por Polk como una agresión, en la cual fundamentó la invasión que se prolongó hasta 1848 y se saldó con el despojo de las tierras donde hoy se asientan los estados de Nuevo México, Arizona, Nevada, California, Utah, así como partes de Colorado, Wyoming, Oklahoma, Kansas y Texas.

Cabe esperar, finalmente, que la incursión floridana en aguas cubanas no haya sido más que una imprudencia de particulares y que el gobierno de Washington se abstenga de explotarla para fines políticos o militares.

Edición: Ana Ordaz