Opinión
La Jornada Maya
02/03/2026 | Mérida, Yucatán
Cuando se pretende impulsar políticas públicas, las estadísticas que suelen servir de diagnóstico deben leerse desde diferentes ópticas, so pena de que se queden como meros datos que sirven para presentarse en el marco de alguna conmemoración, pero no para transformar el panorama.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que es un centro de investigación en política pública, presentó en estos días su “Monitor Mujeres en la Economía”, que precisamente ofrece datos sumamente interesantes y a la vez deja tras de sí una serie de interrogantes precisamente acerca del funcionamiento de la estructura económica mexicana, pues pareciera que en el largo plazo los cambios han sido mínimos.
Para dos de las tres entidades que componen la península de Yucatán y otros cuatro estados, la medición resulta optimista, tomando en cuenta que en ellas la participación económica de las mujeres es superior a 50 por ciento.
Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Ciudad de México y Nayarit son los estados donde más de la mitad de las mujeres participan en la economía. La media, sin embargo, es de 46 por ciento. El IMCO indica que, de 2005 a 2025, la participación femenina aumentó cinco puntos porcentuales; viendo la gráfica que el mismo instituto ofrece en su portal de Internet, se comprueba que, aunque afirme que la presencia de las mujeres va en aumento, la de los hombres disminuyó en la misma proporción en ese mismo lapso, al pasar de 81 a 75 por ciento. Es decir, lo único que se ha hecho es intercambiar posiciones, pues el mercado laboral no está ocupando a más personas proporcionalmente.
Algo semejante ocurre con la brecha salarial, que de 2005 a 2025 se redujo en seis puntos porcentuales, pero ésta también habla de la concentración de hombres o mujeres en campos laborales específicos.
El dinamismo se encuentra entonces en la informalidad. Aquí es necesario aclarar que el término no equivale a precariedad ni a evasión de impuestos, sino a la carencia de prestaciones laborales. En este ámbito encontramos a profesionistas y técnicos que pueden obtener el sustento diario con cierta comodidad e incluso cubren sus obligaciones fiscales a través del régimen de pequeños contribuyentes, pero carecen de acceso al sistema público de salud y obtener una pensión depende de lo que puedan ahorrar por su cuenta.
La informalidad absorbe al 55 por ciento de las mujeres y al 49 por ciento de los hombres. Lo preocupante debiera ser la observación del IMCO: la cifra ha sido similar durante las últimas dos décadas.
Donde sí hay una diferenciación es en el grado de desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el trabajo informal: precisamente los menores niveles de seguridad social, estabilidad e ingresos las afectan más a ellas y el origen de esa desigualdad está en la carga de las tareas del hogar y cuidados, de las que 73 por ciento de las mujeres son responsables por asignación cultural más que por elección propia.
El IMCO llega a una conclusión que resulta incluso dolorosa: ninguna entidad federativa ofrece condiciones laborales óptimas para que las mujeres participen y se desarrollen en el mercado laboral. Ahora bien, considerando solamente el porcentaje de informalidad en ese mismo mercado, resulta válido cuestionar si existen las condiciones para que cualquier persona pueda participar y desarrollarse.
Y por supuesto, es imposible ignorar la estimación del IMCO en cuanto a elevar la participación económica de las mujeres del actual 46 por ciento al 67 que es el promedio de la OCDE. Esto implica incorporar a casi 20 millones de mujeres al mercado laboral y aumentar el PIB nacional en 6.9 billones de pesos en la próxima década. Hay que discutir, entonces, el piso mínimo de esas condiciones para participar, pues preocuparía que temas como la disminución de la jornada laboral terminen en acuerdos de avance gradual, retrasando esa ansiada participación económica.
Edición: Estefanía Cardeña
