Opinión
La Jornada
04/03/2026 | Ciudad de México
Cuando Estados Unidos se lanzaba a nuevas aventuras imperiales, procuraba obtener un mandato del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que legitimase sus acciones y, de no conseguirlo, recurría a sus aliados para construir una apariencia de multilateralismo y alimentar la narrativa del “mundo libre” contra las fuerzas antidemocráticas. Como casi todas las tradiciones políticas estadunidenses, ésta fue ignorada por el presidente Donald Trump, quien siguió a Israel en su ofensiva ilegal contra Irán sin siquiera avisar a sus socios en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El unilateralismo del magnate no ha impedido que el conflicto se internacionalice en el transcurso de apenas unas horas, con algunos países arrastrados debido a sus alianzas y su localización geográfica, mientras otros son llevados a la guerra sin ninguna necesidad por dirigentes ineptos.
Todos los países árabes que albergan bases militares de Washington han padecido la respuesta iraní por apoyar a sus agresores. Siempre ávidas de territorios y de sangre, las fuerzas de ocupación israelíes han ampliado la porción de Líbano bajo su control, e incluso las sociedades de la región que intentan permanecer al margen experimentan los cierres del espacio aéreo y las disrupciones comerciales provocados por el ir y venir de cazas, bombarderos y misiles.
Al mismo tiempo, los mandatarios de Alemania, Francia y Reino Unido se han precipitado a participar en una guerra que no es suya y que no puede reportar ningún beneficio para sus gobernados. El francés Emmanuel Macron invocó sus acuerdos en materia de seguridad con Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para justificar un despliegue militar que incluye el envío del portaviones Charles de Gaulle, una reliquia de la Guerra Fría que la Armada de ese país nunca logró hacer plenamente funcional y que hoy es más un estorbo que un activo en operaciones de la envergadura de las que tienen lugar en el golfo Pérsico.
Asimismo, se ha sumado Grecia en la provisión de armamento a Chipre después de que drones golpearan las dos bases británicas en la isla.
El argumento presentado es insostenible: aunque el territorio chipriota pertenece a la Unión Europea y, por lo tanto, está amparado por los compromisos de defensa mutua del espacio común, las zonas militares de Akrotiri y Dhekelia se encuentran bajo soberanía británica absoluta por el Tratado de Establecimiento, el acuerdo draconiano impuesto por Londres a Nicosia para terminar el dominio colonial iniciado en 1878.
El primer ministro Keir Starmer aseguró: “Todos recordamos los errores de Irak, y hemos aprendido esas lecciones”, pero sus actos desmienten sus palabras: pese a denunciar oficialmente la ilegalidad de la ofensiva israelí-estadunidense, el laborista presta las bases de su gobierno a los agresores y mantiene en la región tropas que en cualquier momento pueden sumarse a los ataques.
En tiempos normales, la acción conjunta de Washington y Bruselas para sostener la hegemonía global estadunidense no tendría nada de llamativo, pero resulta, cuando menos, chocante que los gobernantes del viejo continente sigan a su aliado cuando un día sí y otro también reciben desaires, amenazas, insultos y humillaciones de Donald Trump e integrantes de su gabinete. En este escenario en que Europa guarda silencio cómplice o se suma a la insensatez de Tel Aviv y la Casa Blanca, es necesario destacar la
postura de la España de Pedro Sánchez, quien no sólo ha verbalizado la defensa del orden internacional basado en normas, sino que ha dado sustancia a sus declaraciones negando el uso de instalaciones hispanas a buques y aeronaves que participen en la agresión.
Además de la expansión territorial de la guerra, cada hora se hacen visibles consecuencias no anticipadas por la dupla genocida que forman Trump y el premier israelí, Benjamin Netanyahu. El asesinato de al menos 10 civiles a manos de militares estadunidenses durante disturbios en el consulado de Washington en Karachi, Pakistán, difícilmente será la última muestra de una realidad que Occidente no es capaz de reconocer: para cerca de 200 millones de fieles de la rama chií del Islam, el asesinado ayatollah Ali Jamenei no sólo era el jefe de Estado de Irán, sino un líder espiritual cuya santidad es comparable a la que los creyentes católicos asignan al Papa.
Por ello, un cambio de régimen en Irán no pondrá fin al duelo de la comunidad chií ni a la nueva oleada de resentimiento que ya se manifiesta en los 10 países donde esta fe tiene presencia mayoritaria o relevante.
Sigue leyendo:
Edición Estefanía Cardeña
