Conservación, uso y crimen organizado (por una Profepa ''con dientes'')

Parto de la premisa de que la apropiación de la vida silvestre que habita nuestro territorio es desordenada, insostenible e injusta. Desordenada porque, a pesar de que contamos con una normatividad robusta y ejemplar, la mayor parte de las formas en que hacemos uso de las especies en vida silvestre se encuentran fuera de la ley. Insostenible porque rara vez responde a modelos y estrategias que consideren la dinámica demográfica de las especies sujetas a aprovechamiento (y esto es cierto tanto para la flora como las especies de fauna en tierra y las comúnmente consideradas de interés pesquero). Es injusta, porque se tiende a favorecer, desde la legalidad, la apropiación por parte de quienes tienen capacidad de adquisición, acumulación y movilidad, como en el caso de la cacería deportiva, las plantaciones forestales comerciales, o las pesquerías sujetas a permisos o concesiones. La apropiación de especies por parte de pueblos indígenas, comunidades campesinas o pescadores “de autoconsumo” suelen verse reducidas al universo de lo furtivo y clandestino, y quienes las llevan a cabo son frecuentemente criminalizados.

Es muy distinto lo que acontece cuando el crimen organizado se involucra en alguna forma de aprovechamiento de elementos de la biodiversidad. Por desgracia, los fenómenos relacionados con este esquema son más que frecuentes en nuestro país. Quizá pueda decirse que no se pueden ver en el caso de la cacería, sea esta deportiva, para la obtención de carne de monte, o la realizada con fines estrictamente comerciales, Sin embargo, aún en esta actividad, que a primera vista puede parecer marginal y esporádica, prevalece una suerte de organización fuera de la ley: tiene que resultar viable identificar y contratar guías y cazadores, proveer armas y municiones, y establecer y operar vías de comercialización y trasiego (tráfico, en fin) de los restos de las presas, o de las presas vivas. Aunque hay un sector de cazadores legales, vinculados a Unidades para la Conservación y Manejo de Especies en Vida Silvestre (UMA) y que cuentan con los permisos que la autoridad requiere (una actividad usualmente reservada a un estrato social privilegiado), lo que no se sabe – por su misma condición de furtivismo – es la dimensión que alcanza la cacería ilegal, y el nivel y profundidad de organización que determinan su rentabilidad y permanencia.

El caso de algunas especies de interés pesquero quizá resulta más ilustrativo. En mi opinión, puede decirse que muchas organizaciones de pescadores, que se autonombran “cooperativas”, disfrazan estructuras de explotación del trabajo en la mar, en la que supuestos “líderes” se erigen en directivos de la organización y la operan como una empresa privada de su propiedad, cooptando la utilización de permisos y concesiones y sujetando a sus socios a una relación en la que se les hace “entregar” (o vender) su producto a la cooperativa, que lo “adquiere” en un intercambio que oculta un trabajo asalariado, fuera de la ley. Aunque parezca que estiro un poco la liga, esta forma de operar se asemeja a las de lo que convencionalmente se califica de crimen organizado, en este caso en detrimento de los pescadores ribereños. Cuando se trata de especies que – como la totoaba o los pepinos de mar – responden a la ávida demanda de mercados del exterior, para los que la normatividad mexicana importa algo menos que nada, el asunto adquiere matices francamente preocupantes. Yucatán vivió unos meses de “fiebre del pepino” que no solamente estuvieron cerca de terminar con las poblaciones de este holoturoideo, sino que comprometieron la seguridad y el tejido social de las comunidades portuarias, estableciendo campamentos irregulares acompañados por guardias armadas, prostitución y narcomenudeo, y dejaron tras de sí elementos que constituyen un reto constante para las de por sí debilitadas policías municipales.

Pero la participación criminal en la extracción de recursos naturales no se detiene en el tráfico de animales y sus restos, ni en la explotación irregular de unas cuantas especies marinas. Hay una actividad criminal vinculada con la extracción de recursos forestales maderables, que resta fortaleza, competitividad y eficacia a las organizaciones forestales de los bosques mexicanos, muchas de l as cuales se esfuerzan en realizar trabajos de aprovechamiento sustentable de sus recursos, y defienden la integridad de sus territorios hasta con la vida, frente a la presión creciente de organizaciones que – vinculadas o no con los grandes “carteles” tradicionalmente relacionados con el narcotráfico – pretenden controlar las porciones del territorio nacional todavía cubiertas por masas forestales, ya sea para medrar con la extracción ilegal de madera, o para cambiar el uso del suelo del bosque, para destinarlo a plantaciones de su interés o a actividades agropecuarias de otro tipo, o a la construcción de infraestructura diversa. Habrá que profundizar en el análisis de casos como los “aguacates de sangre” en Michoacán y Jalisco, las bayas jaliscienses, o los cultivos de palmas de aceite en estados como Chiapas y Campeche.

Ante este panorama, la Profepa, capaz de perseguir casos puntuales de violación al Reglamento de Impacto Ambiental como los descritos para Cabo Pulmo, queda muy rebasada frente a un escenario nacional complejo, inseguro y frecuentemente violento (no hay más que ver el número de defensores del territorio asesinados un año sí y otro también). Quizá sea momento de evaluar la posibilidad de convertir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en una rama especializada del poder judicial, con capacidad de investigación, persecución de delitos, judicialización y sanción eficaz, dotándola incluso de personal con fuerza pública, capaz de enfrentar a las organizaciones que se presume que funcionan como delincuentes ambientales, obteniendo órdenes de jueces para inspeccionar instalaciones, detener presuntos delincuentes y gestionar el cumplimiento efectivo de la normatividad. En una palabra, una Profepa “con dientes”.

Edición: Fernando Sierra