Cabo Pulmo

Hace unos días, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Lic. Mariana Boy Tamborrell, nos hizo saber que la dependencia a su cargo, con la asistencia de agencias de la fuerza pública, había procedido a clausurar algunos “desarrollos” inmobiliarios en el Parque Nacional Cabo Pulmo y su área de influencia, en Baja California Sur, porque no habían podido exhibir documentos que demostraran que contaban con autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en materia de impacto ambiental. Desde luego, el operativo tiene su mérito, sobre todo a la luz de las estrecheces presupuestarias que encara la autoridad ambiental, que por fuerza limitan su actuación a eventos de carácter local y simbólico. Estos eventos subrayan las carencias que tenemos en el país en materia de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

A decir verdad, los actos de autoridad que clausuran o suspenden la operación de obras o acciones por no haber podido demostrar que se encuentran autorizadas en materia de impacto ambiental, deberían de ser absolutamente atípicas y excepcionales. El hecho de que la PROFEPA tenga que utilizar frecuentemente recursos para llevarlos a cabo, no demuestra más que la preeminente falta de disposición por parte de los inversionistas (tanto públicos como privados) para plegarse a las disposiciones legales. Se sigue considerando a la normatividad ambiental como un obstáculo para el desarrollo, que genera costos inadmisibles. Además de hacer evidente esta fragilidad de la gobernabilidad nacional, lo ocurrido en Cabo Pulmo que invita a compartir tres reflexiones:

Aunque para la autoridad y las organizaciones conservacionistas, la categoría de parque nacional sigue siendo la más estricta de las utilizadas en México para salvaguardar ecosistemas, especies o servicios ambientales y, a pesar de que suele implicar la expropiación de las tierras protegidas, de manera que devienen en propiedades de la nación bajo el cuidado del ejecutivo federal, el apetito de los inversionistas suele implicar que esto no es más que el clamor de ”ecologistas ingenuos”: quienes se empeñan en ofrecer al mercado estos sitios de belleza insólita y panorama espectacular, se asumen libres para dotarlos de infraestructura de acceso, vivienda y servicios turísticos. Sin molestarse siquiera en conocer las disposiciones de los decretos que establecen las áreas, y sin leer ni por encima los programas de manejo que determinan qué se puede hacer en ellas y cómo, piensan que el hecho de que sus inversiones pueden generar utilidades, les autoriza en automático para hacer lo que les venga en gana.

Las tareas de monitoreo, inspección y vigilancia que debiera encabezar el personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con o sin la participación de la fuerza pública y la autoridad responsable de vigilar el cumplimiento de la ley y emitir sanciones a quienes la violenten no se llevan a cabo con la atingencia, oportunidad, frecuencia y eficacia que el caso amerita. Esto no demerita de forma alguna el profesionalismo y la capacidad del personal que se juega el pellejo un día sí y otro también en parque y reservas. Ellas y ellos merecen todo nuestro respeto y respaldo. Lo que sí pone en cuestión es la indiferencia de quienes detentan el poder de asignar recursos del erario a las acciones de política pública que deberían ejecutar las diferentes agencias del gobierno, en cumplimiento de las funciones y atribuciones que les han sido conferidas por fuerza de ley. La política ambiental, que en el discurso implica la protección de la riqueza natural nacional, queda siempre a la cola de los repartos presupuestarios. Otras acciones, que se juzgan más vistosas y rentables políticamente. Parece ser que el patrimonio natural se considera inagotable, o infinitamente resiliente, y que cuidarlo es un lujo que la austeridad republicana hace prohibitivo, Pronto nos encontraremos con la dolorosa evidencia de que esta postura es autodestructiva.

Fuera de los pasillos de academia, las organizaciones conservacionistas y ambientalistas, y las oficinas de la autoridad responsable, se ignora y se desprecia la normatividad ambiental vigente, y esto es particularmente cierto para el caos de los procedimientos en materia de impacto ambiental, que deberían ser lecturas de cabecera para todas las personas empeñadas en emprender u operar obras y acciones legítimas en el territorio. Pero al parecer emprendedores e inversionistas privados, además de los responsables de la obra pública, siguen pensando que los estudios ambientales no son más que una imposición que incrementa los costos de sus proyectos, sin aportarles nada positivo, de manera que hay que buscar la forma de “sacarles la vuelta” por vía de la simulación, el “recorte y pegado”, o la franca corrupción.

Aunque ya lo he dicho en otras ocasiones en este espacio, no me cansaré de repetir que los estudios de impacto ambiental no deberían considerarse como algo que hay que sumar a proyectos ya elaborados, sino como parte de la construcción del proyecto. De lo que se trata es de formular proyectos acordes con las tenaces condiciones que impone el medio ambiente. Así se logran proyectos más sustentables, resilientes y costo-eficientes. Lo contrario significa pretender forzar al entorno a adecuarse al proyecto concebido en el restirador, o la computadora. El resultado será un proyecto más costoso e ineficiente, puesto en un entorno que responderá con deterioro y empobrecimiento, o con daños a la obra y obstáculos a su operación. No puedo quedarme sin subrayar de nuevo que, tratándose de obra pública, pretender pasar por encima de los procedimientos de impacto ambiental con base en una obscura definición de “seguridad nacional”, el tema se hace aún más grave, y debería ser punible.

Edición: Fernando Sierra