Una misión

El viernes 20 de febrero se presentó, en el auditorio Salvador Rodríguez Loza de la facultad de ciencias antropológicas de la UADY el Informe de la Misión Civil de Observación sobre Impacto y Afectaciones del proyecto Tren Maya en los estados de Quintana Roo y Campeche. Esta misión se llevó a cabo por parte de investigadores de diversas organizaciones académicas, activistas de organizaciones variopintas de la sociedad civil (defensores del territorio, conservacionistas y defensores de derechos humanos) y residentes de las comunidades afectadas por el proyecto, a lo largo del mes de abril de 2025. Mentiría si dijera que el informe contiene hallazgos novedosos y sorprendentes. Lo que sí hace es corroborar, con evidencias duras e incontrovertibles, el alcance de los daños al ambiente que cualquiera que dedicado al proyecto una mirada moderadamente crítica ha ido prediciendo y denunciando a lo largo de los años transcurridos a partir del momento en que se anunció la puesta en marcha de la propuesta. Cabe decir que los daños no son exclusivamente ambientales: afectan también la calidad de vida y el tejido social de las comunidades de la región.

Quizá haya quienes digan que este informe es ya extemporáneo. El tren maya (que no es precisamente maya, y tampoco es solamente un tren) opera desde hace meses en la península, al menos en su versión de pasajeros, aunque ya iniciaron las obras correspondientes a su modalidad de carga. En este sentido podría resultar iluso, o irrelevante, insistir en la ausencia de criterios precautorios en el diseño y ejecución del proyecto, la ilegalidad de su ejecución desdeñando la carencia de dictámenes apropiados en materia de impacto ambiental, o la ausencia de consultas Previas, Libres e Informadas a los habitantes de la región afectada. Solamente tendría sentido insistir en estos puntos si hubiera manera de convertir el tema en proceso judicial y garantizar – ya no el cumplimiento de la normatividad vigente, que ha sido violada sin miramientos – sino la sanción a los responsables (personales o institucionales) y la reparación de los daños mediante medidas de remediación o compensación.

Una de las virtudes que tiene el informe, y el hecho de que esta misión se haya llevado a cabo, es que pone en manos de las autoridades y de la sociedad civil organizada argumentos robustos para orientar los trabajos de remediación, cuando quepa llevarlos a cabo, y los de compensación, cuando la remediación resulte ya imposible. Claro que pretender que quienes construyeron y operan el proyecto aporten los costos de la remediación y compensación es punto menos que pedir peras al olmo: las fuerzas armadas siguen considerando que los impactos que ha generado la obra son menores a la luz de sus esperados beneficios, y que los esfuerzos que han hecho en aras de lo que consideran protección del ambiente (colocar algunos mantas invitando a la conservación del jaguar, establecer un parque que no sirve para protegerlo sino para entretener turistas y otros visitantes, colocar unos cuantos pasos de fauna que no resultan suficientes ni eficaces y quitar al menos pequeños segmentos de la cerca de malla ciclónica que ya habían colocado a lo largo de las vías), serán suficientes para garantizar que el desarrollo del proyecto no dañe más el entorno. Nada ilustra tanto el desdén del ejército ante la protección del patrimonio natural como haber zampado un hotel en pleno centro de la Reserva de la Biosfera Calakmul, que además es considerada patrimonio mundial de la humanidad y forma parte de la gran selva maya.

Me han quedado cuando menos tres inquietudes ante la presentación del informe de la misión: si bien resulta alentador que se eligiera a tres jóvenes para realizarla (cosa que hicieron muy airosamente, por cierto) fue un tanto decepcionante ver el auditorio casi vacío. No creo que haya habido más de veinte asistentes en un evento que, a mi juicio, debió atestar el local hasta desbordarlo. Que esto no suceda en la UADY entristece, porque si la comunidad universitaria no se interesa intensa y comprometidamente por un asunto tan relevante para la vida peninsular, algo no marcha del todo bien en la educación pública superior. En segundo lugar, aunque sé que el informe fue entregado físicamente a las autoridades ambientales federales, no había un solo representante de las agencias responsables de la política ambiental, ni del propio proyecto del tren. El diálogo entre el estado y la sociedad civil organizada parece haberse fracturado. Impera la idea de que crítica equivale a oposición, y la oposición merece el ostracismo o la exterminación. Y, en tercer lugar, pareciera que el proyecto del tren maya está lejos de aportar a las comunidades de la región los beneficios que alguna vez prometió. Las cifras nos muestran hasta hoy un servicio todavía alejado de la rentabilidad: más de 6,500 efectivos del ejército aportan seguridad y vigilancia a un proyecto que hoy no mueve más de 3,400 pasajeros cada día. No hace falta ser un sesudo economista para entender que la operación del proyecto requerirá todavía un subsidio oneroso.

El tren no es sólo el tren. Incluye parques industriales, infraestructura para servicios turísticos, nuevos centros de población y desplazamientos de los residentes locales, entre otras obras y acciones. Ya está en proceso su fase destinada al transporte de carga. El deterioro del paisaje regional continuará. La SEMARNAT, la CONANP y la CONABIO saben todo esto. La titular ha ofrecido, no solamente detonar el ambicioso proyecto de la selva maya con Belice y Guatemala, sino remediar los impactos generados pro el megaproyecto, restaurar los ecosistemas deteriorados, o buscar la compensación por los daños infringidos. Así, hoy la misión ha cambiado: ya no se trata de lamentar la carencia de un criterio precautorio, o narrar el avance del deterioro. Hoy hay que demandar de las entidades responsables sacar el tema de la protección del patrimonio natural del ámbito de los discursos, y llevarlo al terreno de la acción, con presupuestos adecuados.

Edición: Fernando Sierra