Opinión
Denice Magaña
23/03/2026 | Mérida, Yucatán
Sea cual sea el problema, sé parte de la solución. Tina Fey
Cuidar el patrimonio y la memoria cultural es también un trabajo jurídico que no siempre se ve. Cuando se piensa en “patrimonio cultural”, casi siempre viene a nuestra mente una zona arqueológica, un monumento histórico muy antiguo, una imponente pirámide o iglesia. Lugares y espacios que se pueden visitar, que son perfectos para la selfie o destacar en un mapa.
Pero el patrimonio cultural es mucho más que eso, por ejemplo: la lengua viva que se transmite entre generaciones y que da identidad a una comunidad; los oficios artesanales que permiten creaciones únicas; las recetas de los platillos tradicionales y muchas otras cosas. Es, en realidad, todo aquello que nos cuenta quiénes somos y de dónde venimos.
Sin embargo, pocas veces se ve que, detrás de esa memoria viva, existe un trabajo constante y silencioso para custodiar que todo eso no se pierda. El patrimonio no se cuida solo.
Trabajar en su conservación implica tomar decisiones, acuerdos estratégicos, asumir responsabilidades y muchas veces, enfrentar conflictos que deben resolverse con equilibrio y cuidado.
La realidad es que el patrimonio cultural tiene que convivir con la vida diaria, con ciudades que crecen y evolucionan, con obras titánicas, turismo, actividades económicas y, sobre todo, con derechos. Sí, derechos de otras personas y de otras comunidades. Es en ese momento cuando aparece una parte del trabajo que no es mostrada en las fotografías ni en las revistas de investigación: la labor jurídica.
Cuando se habla de protección del patrimonio, se suele pensar en investigadores renombrados —arqueólogos, restauradores, historiadores, antropólogos—. Sin embargo, existe también un trabajo menos visible que sostiene todo lo demás: aquel que revisa que los proyectos cumplan con la normativa antes de ejecutarse, que define límites cuando existe riesgo de daño, que media ante desacuerdos y que busca soluciones para que la conservación y la vida cotidiana puedan convivir en armonía.
El trabajo de las abogadas y abogados especializados en la gestión del patrimonio no siempre se percibe como parte fundamental del cuidado cultural, pero es una de sus bases más sólidas. Sin reglas claras, sin responsabilidades definidas, sin estrategias para atender conflictos y sin conocimiento de la ley de la materia, la protección del patrimonio dependería únicamente de la buena voluntad.
En el caso del patrimonio material, como zonas arqueológicas, monumentos históricos o vestigios paleontológicos, la labor jurídica ayuda a evitar pérdidas irreversibles. Una vez que un vestigio se destruye, no hay forma de recuperar la historia que contenía. En el caso del patrimonio inmaterial, como las tradiciones, los saberes, las lenguas y otros, se debe tener especial cuidado con las formas de organización comunitaria para proteger, reconocer y potencializar las condiciones que les permitan seguir con vida.
El trabajo jurídico que se realiza desde el INAH implica encontrar equilibrios entre el presente y el pasado, entre el desarrollo y la conservación, así como entre el uso y la protección. No es una tarea sencilla: involucra personas, intereses, necesidades y, muchas veces, visiones distintas. Sin embargo, el objetivo es siempre el mismo: asegurar que la riqueza y el patrimonio que hemos heredado no se pierdan en el camino.
En comparación con otros perfiles de la gestión cultural, el trabajo del abogado suele ser discreto: no se hace visible en las visitas a los sitios ni en la protección de una tradición artesanal, pero está presente, generando las condiciones para que todo ello sea posible. En gran medida, diseña la estructura que permite que el patrimonio no sea vulnerable o frágil, sino que se conserve como un legado con respaldo y responsabilidades compartidas.
El patrimonio mexicano es de todas y todos. No pertenece únicamente al pasado ni es algo aislado de la vida cotidiana: forma parte de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, de nuestra identidad y de nuestras historias personales. Cuidarlo y protegerlo es también el legado que dejaremos a quienes vienen después.
No se trata solo de “conservar piedras antiguas” o “tradiciones lejanas”, sino de resguardar una memoria que nos da sentido y que debe proyectarse hacia el futuro. En ello, mucho depende de un trabajo silencioso, constante y poco visible: el de quienes, desde el ámbito jurídico, contribuyen a que la cultura que nos rodea pueda seguir viva. Así, defender el patrimonio cultural desde la ley es, en última instancia, otra forma de cuidar quiénes somos.
Denice Magaña Contreras es jefa de Enlace Interinstitucional del Centro INAH Yucatán y parte del equipo jurídico.
Coordinadora editorial de la columna:
María del Carmen Castillo Cisneros; profesora investigadora en Antropología Social.
Edición: Estefanía Cardeña
