ICE: desprecio por la vida

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que 13 mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos desde que se inició el segundo periodo presidencial de Donald Trump, en enero del año pasado. Asimismo, señaló que en dicho lapso 177 mil 192 connacionales han sido detenidos por el ICE, y 13 mil 722 permanecen recluidos en centros de internamiento. De las víctimas mortales, seis habrían perdido la vida por complicaciones médicas, cuatro por suicidio, dos durante operativos realizados por el ICE y una en un tiroteo de una persona contra una instalación de la agencia. Aunque supuestamente en todos los casos se abrieron investigaciones de la oficina de responsabilidad profesional del organismo, nadie ha sido sancionado por lo ocurrido.

Entre 2021 y 2024, sólo un mexicano murió cada año a manos del ICE, pero en 2025 fueron 10 y en lo que va de 2026 se suma una víctima cada mes. Las explicaciones de las causas de muerte van de lo inverosímil a lo macabro. Royer Pérez Jiménez “fue hallado inconsciente y sin respuesta (a estímulos físicos) en su celda”; Alberto Gutiérrez Reyes “tenía diabetes y colesterol alto; una integrante del ayuntamiento de Los Ángeles sostiene que se le negó atención médica”; a Heber Sánchez Domínguez “se le encontró colgado en su celda”; Leo Cruz Silva “presuntamente cometió suicidio por ahorcamiento”; Óscar Duarte Rascón padecía “enfermedad de Alzheimer en fase avanzada, cáncer de hígado y hepatitis C”; en Lorenzo Antonio Batrez Vargas “se sospecha de complicaciones pulmonares”, y Jesús Molina Veya “fue encontrado inconsciente con una ligadura de tela alrededor del cuello, atada a su litera”. Es inevitable sospechar que estas versiones encubren episodios de brutalidad policial y ejecuciones extrajudiciales, pero incluso de ser ciertas no resultarían menos indignantes por la negligencia en el manejo de prisioneros y el trato a personas con graves problemas de salud.

Lo cierto es que la inmensa mayoría de las víctimas de la cacería humana del trumpismo son secuestradas y confinadas por el color de su piel y por hablar español, no por haber cometido algún delito y ni siquiera por tener una situación migratoria irregular. La propia Casa Blanca ha confirmado el carácter racista de su política antimigrante, al autorizar e instigar a las agencias involucradas a realizar racial profiling, la detención de personas basada en su aspecto físico. Apenas el martes se dio una nueva confirmación de que la xenofobia de Estado no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley, pues una jueza federal ordenó a la administración republicana facilitar el regreso de una mujer deportada a México pese a ser beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, es decir, que contaba con protección legal efectiva.

Si a este panorama se agregan las pruebas irrefutables de que bajo el trumpismo las corporaciones policiacas masacran ciudadanos a la luz del día y con decenas de cámaras registrando los hechos, se presenta de inmediato una duda ominosa acerca de la escala de los abusos perpetrados por uniformados racistas cuando nadie los está mirando.

Lo que ocurre dentro de los campos de concentración de migrantes amerita la intervención urgente de las autoridades judiciales estadunidenses, la protesta más firme de México y el repudio unánime de la comunidad internacional.

Por último, debe recordarse que la conducta del ICE no se da en el vacío, sino que se inscribe en un patrón de estrategias trumpianas de absoluto desprecio por la vida humana, sea de extranjeros o de sus propios ciudadanos, como ha quedado claro con las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, los bloqueos homicidas contra Venezuela y Cuba, la complicidad con el genocidio contra el pueblo palestino, los bombardeos indiscriminados en Irán y el desdén por las muertes de sus propios soldados desplegados en Medio Oriente.

Edición: Ana Ordaz