Opinión
La Jornada
31/03/2026 | Ciudad de México
El Parlamento de Israel (Knesset) ha dado un paso sin precedente al aprobar una legislación que establece la pena de muerte por defecto para los palestinos de Cisjordania reocupada que resulten convictos de matar a ciudadanos israelíes. La medida, impulsada por los sectores más extremistas de la coalición de gobierno, formaliza un sistema punitivo diferenciado que se aplicará exclusivamente bajo criterios de nacionalidad y origen étnico. Aunque el Ejecutivo presenta esta norma como un instrumento de disuasión frente a la resistencia armada en los territorios ocupados, su implementación fractura los mínimos estándares de justicia internacional al imponer el castigo capital de manera automática. Esta decisión profundiza el régimen de segregación que impera en la región y consolida una estructura legal donde la vida de las personas tiene un valor distinto dependiendo de su origen, lo que anula cualquier pretensión de equidad ante la ley.
La instauración de la pena de muerte es en sí misma una regresión civilizatoria que equipara al Estado con los perpetradores de la violencia que dice combatir. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la práctica es intrínsecamente bárbara y anacrónica, pues anula el derecho fundamental a la vida y elimina cualquier posibilidad de reinserción social o enmienda jurídica. El hecho de que la ejecución se contemple mediante el ahorcamiento acentúa el carácter medieval de una práctica que el mundo moderno ha buscado erradicar de forma definitiva. Además de su naturaleza cruel e inhumana, la pena capital conlleva el riesgo perenne e ineludible de aplicar un castigo irreversible a personas inocentes; una falla inaceptable para cualquier sociedad que se pretenda civilizada.
Más allá del rechazo ético a la privación de la vida por vía institucional, la nueva normativa destaca por un doble rasero al dirigirse exclusivamente contra la población palestina, mientras los colonos y soldados israelíes gozan de una impunidad prácticamente total frente a sus actos de violencia contra civiles. No se trata de una percepción subjetiva, sino de un hecho sustentado en la realidad de los tribunales: desde el inicio de la presente década, no se ha procesado judicialmente a un solo ciudadano israelí por el asesinato de palestinos en Cisjordania reocupada. Esta disparidad refleja una política de Estado donde el terrorismo ejercido por los ocupantes es tolerado y, en muchos casos, directamente alentado por las estructuras de poder que deberían prevenirlo.
Las cifras de la violencia estatal y paraestatal son elocuentes respecto a este desequilibrio y al sesgo supremacista de la medida. Tan sólo en el primer mes de la guerra contra Irán, una comisión palestina cifró en 443 los ataques de colonos contra comunidades locales, una ofensiva que ocurre con la complicidad de la policía y el ejército de Tel Aviv. La Organización de Naciones Unidas ha emitido alertas urgentes sobre una oleada de asesinatos ilegales en Gaza y Cisjordania, advirtiendo que estas acciones forman parte de un proceso de limpieza étnica que afecta con especial saña a los niños. Ante este escenario, voces como el ex primer ministro Ehud Olmert han demandado una intervención de la Corte Penal Internacional para salvar “tanto a palestinos como a israelíes de una violencia de Estado respaldada por el gobierno, la cual es ejecutada por colonos con el apoyo logístico y operativo de las fuerzas armadas”.
En última instancia, la aprobación de esta legislación de corte abiertamente racista representa un recrudecimiento de la política de exterminio perpetrada por el régimen sionista. Al legalizar la ejecución selectiva y automática, Tel Aviv otorga un marco de legalidad al genocidio en curso contra el pueblo palestino. Este avance del autoritarismo y la deshumanización no sería posible sin la complicidad activa de Washington y casi todo Occidente, que continúan proveyendo el apoyo político y militar necesario para sostener un régimen de ocupación que ha hecho del atropello sistemático su principal razón de ser.
Edición: Ana Ordaz
