Opinión
La Jornada Maya
06/04/2026 | Mérida, Yucatán
La convocatoria finalmente tuvo respuesta. Desde temprano, incluso cuando algunos vacacionistas se aventuraban a emprender el retorno a sus lugares de origen, el bloqueo a las carreteras al cual llamaron organizaciones como la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) los obligó a retrasar la travesía.
Desde el domingo, la Secretaría de Gobernación (SG) había señalado que “no existe razón alguna para manifestarse y menos para afectar a terceros”, pero las agrupaciones mencionadas hicieron oídos sordos.
En efecto, el diálogo con los productores de granos y transportistas ha sido prácticamente permanente, fluido y fructífero; aunque esto no quiere decir que se les hayan cumplido todas sus demandas, pero tampoco debe entenderse que el apoyo recibido ha sido simbólico. Solamente para compensar la caída en los precios internacionales de los cereales se repartieron más de 3 mil millones de pesos entre poco más de 40 mil productores.
El problema entonces está más allá de la interlocución entre gobernantes y gobernados y la entrega de apoyos, y aquí hay un factor externo que incide negativamente y termina por afectar, muy rápido, cualquier acuerdo y equilibrio que se alcance a través del diálogo: este es el aumento internacional en los precios de los combustibles, particularmente el diésel, que es el que más utiliza el sector del transporte, pero también en maquinaria agrícola.
El margen de actuación que tiene el gobierno sobre el precio de los combustibles es mínimo. Esto a pesar de que la mayor parte de lo que paga el consumidor final son impuestos. También, la presión en los mercados de petróleo, a raíz de la innecesaria guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán, ha elevado en la misma medida el costo del barril de crudo. Aquí, precisamente mediante incentivos y rebajas en las tasas impositivas, se ha logrado mantener los precios, pero también es cierto que la voracidad de los empresarios existe y estos han buscado incrementar sus márgenes de utilidad elevando unas decenas de centavos al precio de cada litro a la gasolina de alto octanaje y al diésel.
Por otro lado, otra de las demandas que no ha sido del todo resuelta es la atención a la inseguridad en las carreteras. Ya los incidentes de volcaduras de tráileres y la rapiña son cosa menor frente a los secuestros de choferes y la desaparición literal de contenedores y su carga. Es sabido que hay una clasificación de las mercancías que se transportan, de acuerdo a su “temperatura”. Algunos alimentos destinados a la exportación, como el pulpo o el limón, según la temporada, son “calientes”, al igual que medicamentos e incluso mercaderías de importación con destino a grandes almacenes.
La Guardia Nacional no puede escoltar a cada tráiler, algo que además sería equivalente a poner en la mira el convoy completo. Pero tampoco se puede acusar de desidia a esa corporación. Al contrario, en los últimos meses ha destacado su participación en el combate al crimen organizado. Entonces, lo que debe ajustarse es su papel en la vigilancia de las carreteras, para que estas sean nuevamente vías de comunicación tanto para mercancías como para las personas, pues en todo el país sigue habiendo miedo a emprender un viaje largo en un automotor.
Queda una demanda más de los manifestantes que merece toda consideración: la creación de una banca rural de desarrollo. El diálogo que se mantiene ahora con la banca comercial para la digitalización obligatoria en el pago de algunos impuestos y servicios debiera incluir la apertura de servicios de crédito para el desarrollo de empresas, construcción de vivienda y, por supuesto, para el campo; pero que se abra nuevamente una opción de financiera rural con participación estatal es una cuestión que la 4T bien podría discutir y tal vez volver a llevar a cabo, con nuevos esquemas de operación y mecanismos de control que impidan tanto el mal uso del financiamiento como las prácticas que llevaron a que al extinto banco que tuvo esa finalidad se le haya llegado a conocer como Bandidal.
De nuevo, es cuestión de que el diálogo tenga espacios para la escucha atenta y la elaboración de propuestas de desarrollo. No solamente ejecutar bloqueos, sino también contar con rutas críticas para llegar a los objetivos planteados.
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Edición: Estefanía Cardeña
