Rocha Moya: injerencia disfrazada de imputación

Por la forma, el contenido y el momento en que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó los cargos contra el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios y ex funcionarios de la entidad, así como las correspondientes solicitudes de detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, no pueden considerarse simples medidas judiciales; son, en cambio, acciones de injerencia política cargadas, para colmo, con una amenaza implícita.

Según el alegato estadunidense, los Chapitos –hijos de Joaquín El Chapo Guzmán– habrían contribuido a la elección de Rocha Moya mediante el secuestro e intimidación de sus rivales políticos y, una vez en el cargo, el gobernador sinaloense habría asistido a reuniones con ellos y prometido protección para sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. En ausencia de pruebas mínimamente verosímiles, resulta imposible manifestarse sobre la veracidad de los cargos; pero es inocultable que la manera en que éstos fueron dados a conocer –con bombo mediático y al margen de las vías establecidas para la cooperación bilateral en materia de combate al narcotráfico– deja en evidencia la intención de colocar al gobierno de nuestro país en una situación incómoda y de proporcionar un poco embozado respaldo a la campaña opositora que recurre al uso del prefijo narco para desacreditar todo lo relacionado con la Cuarta Transformación.

La acusación contra el mandatario sinaloense y otros servidores públicos es improcedente en forma y fondo. En lo formal, porque, como indicaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, los tratados internacionales en la materia contienen disposiciones específicas de confidencialidad sobre este tipo de procedimientos, confidencialidad que fue violada de manera flagrante por la fiscalía neoyorquina, el DOJ y la embajada; en lo sustancial, porque las imputaciones no fueron acompañadas de pruebas suficientes, un requisito establecido en el tratado bilateral de extradición. En otro sentido, el gobierno de Washington pretende desconocer que, de acuerdo con las leyes mexicanas, en el caso de acusaciones a gobernadores y senadores, es indispensable realizar, antes de cualquier trámite judicial, un juicio político. Por lo demás, la intención desestabilizadora y vengativa de las instancias estadunidenses no podría ser más obvia, pues la embestida se produce días después de que en México se destapara la conspiración del gobierno panista de Chihuahua para hacer de la entidad una base de operaciones del espionaje de Washington.

No debe omitirse la paradoja de que el embajador de Washington en México, Ronald Johnson, afirmó que la presentación de cargos penales en contra de los funcionarios referidos es un ejemplo de la prioridad compartida entre ambos países para combatir la corrupción y la actividad criminal trasnacional, cuando en realidad es ejemplo de lo contrario: del afán del trumpismo por dinamitar la colaboración en esos asuntos y destruir la confianza mutua. En su comunicado, el embajador Johnson pone a la opinión pública ante la disyuntiva de elegir si lo considera parte de un complot golpista, o alguien que no entiende nada de las leyes mexicanas ni de las responsabilidades que conlleva su cargo.

Si al coronel Johnson le preocupa la corrupción, podría comenzar por denunciar a su jefe, el mandatario más manifiestamente corrupto en la historia de Estados Unidos: además de aceptar que una monarquía autoritaria le “regale” un avión de más de 400 millones de dólares, apropiarse fondos federales para su fársica “Junta de Paz”, exigir sobornos a conglomerados de medios de comunicación y echar a andar una criptoestafa, Trump convirtió los indultos presidenciales en una industria sin precedente. Entre sus dos mandatos, ha dejado libres al ex presidente de Honduras y notorio narcotraficante Juan Orlando Hernández; a cinco ex jugadores de la NFL que cumplían condenas por narcotráfico y perjurio; a Glen Casada, ex presidente de la Cámara de Representantes de Tenesí, condenado por corrupción pública, soborno y conspiración para defraudar; a su ex abogado y ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani; al billonario Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y es señalado por facilitar transacciones vinculadas a grupos extremistas y organizaciones criminales; a Trevor Milton, condenado por fraude de valores y fraude electrónico tras engañar a inversores. La lista de criminales tocados por la gracia del perdón presidencial se extiende a decenas más, muchos de los cuales han donado millones a campañas u otros proyectos de Trump y su familia.

En este contexto de golpeteo por parte de la Casa Blanca, es muy significativa la manera en que las oposiciones políticas, empresariales y mediáticas en México llaman al linchamiento contra una persona sobre la que no pesa prueba alguna de culpabilidad, al mismo tiempo que justifican el esquema de invasión de espías extranjeros organizado a la luz del día por Maru Campos en Chihuahua.

Finalmente, la inocencia o la culpabilidad de los señalados por Washington debe ser establecida, en primera instancia, en México y por instituciones mexicanas, y en los próximos días se confirmará quién defiende el estado de derecho y quién justifica las transgresiones a la Constitución; quién cierra filas por la soberanía nacional y quién busca la dudosa justicia de manos extranjeras.

Edición: Ana Ordaz