Las claves del golpe a Rocha Moya

La decisión del gobierno de Estados Unidos de abrir un expediente penal y solicitar la extradición del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; un senador y otros ocho funcionarios del gobierno del estado por “haberse asociado con el cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, según el Departamento de Justicia, al margen del resultado que arrojen las investigaciones sobre su culpabilidad o inocencia, tiene estos antecedentes:

1) La defensa de Cuba asumida por el gobierno mexicano. 2) La asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la cumbre de presidentes y organizaciones progresistas en Barcelona, España. 3) La investigación de la Fiscalía General de la República sobre las actividades no autorizadas de agentes de la CIA en Chihuahua. 4) El “extrañamiento” de la cancillería al embajador Ron Johnson a raíz de esas actividades, y 5) El probable juicio político a la “colaboradora” panista de Chihuahua, Maru Campos. El gobierno de México ha ejercido su facultad soberana de decidir en asuntos internos y externos, sólo que no le gusta a la administración Trump.

El gobernador Rocha Moya dijo que no va a declarar sobre los señalamientos de Estados Unidos y reveló que se enteró por el comunicado que sacaron las autoridades estadunidenses.

Al preguntarle si ya entabló comunicación con la presidenta Sheinbaum, indicó que sí: “hablamos nada más”, y destacó que “hay apoyo”. Sin embargo, la jefa del Ejecutivo hasta la tarde de ayer no había declarado que lo respalda. La situación del gobernador quedó en entredicho a partir del episodio del secuestro de El Mayo Zambada por uno de Los Chapitos. Se contradijo en sus explicaciones, pero al final se supo que ese día tenía una cita con el narco hoy preso en Estados Unidos.

Sin especular a priori si Rocha Moya es culpable o no, la Fiscalía General de la República anunció que “iniciará una investigación para allegarse toda la información necesaria, con la finalidad de conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”. Agrega: “la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de captura se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito. El tratado bilateral con Estados Unidos en la materia refiere que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país. En el caso de Rocha Moya, la solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes.