Opinión
La Jornada Maya
04/05/2026 | Mérida, Yucatán
Desde que se dio a conocer que Estados Unidos acusó 10 funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluyendo a Rubén Rocha Moya, gobernador de la entidad (ahora con licencia) de tener nexos con el crimen organizado, y además solicitó su detención con fines de extradición, el accionar del gabinete de Seguridad federal ha sido constante.
Las acusaciones se desprenden de las investigaciones que realizan las autoridades estadunidenses, con apoyo en los testimonios de narcotraficantes presos en aquel país, como Ismael El Mayo Zambada y los hermanos Guzmán López, Los Chapitos. A la organización de estos últimos es que se pretende vincular al gobierno sinaloense. Obsequiar la solicitud, sin embargo, no es una cuestión automática. El gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República, debe conducir su propia investigación y, por otro lado, las pruebas que presente Estados Unidos deben cumplir con lo demandado en la legislación nacional. Es decir, existe la posibilidad de que lo que un jurado acepte como prueba no cumpla con los requerimientos del país. Por ello es que deben realizarse pesquisas propias.
Ahora, también debe verse que la solicitud por parte de Estados Unidos posee un interés político interno: las elecciones intermedias de 2027 ya se avecinan y el presidente Donald Trump pretende dar la impresión de que su administración está haciendo algo por frenar el tráfico de estupefacientes hacia su país, aunque no exista una acción concreta para prevenir el consumo y menos por detener a los funcionarios encargados de aduanas e inmigración que dejan pasar toda clase de sustancias por las garitas ubicadas en la margen norte del río Bravo.
Por otra parte, está el debido proceso. Desde un principio, Estados Unidos fue omiso en garantizar la confidencialidad en la causa, al revelar los nombres de los 10 funcionarios a los que acusa. Esto ha resultado en un favor hacia la muy debilitada oposición que insiste en llamar narco a todas las instituciones emanadas de la Cuarta Transformación. Ese favor, sin duda, viene acompañado de una factura que en algún momento tendrán que pagar.
Debe destacarse que el gobierno federal ha desplegado fuerzas para brindar seguridad a la población de Sinaloa, así como para vigilar que los funcionarios señalados respondan a la investigación nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ya dio a conocer que Rubén Rocha Moya permanece en esa entidad, sin la protección del fuero, y resguardado por elementos de la Guardia Nacional. Por otra parte, el mismo funcionario aclaró que en ningún momento ha habido obstrucción o negativa a cooperar por parte del gobernador con licencia para llevar a cabo detenciones, decomisos y otros operativos.
Ahora, no basta que Rocha Moya no haya sido obstáculo para los operativos de las fuerzas federales. Existe también una responsabilidad por el nivel de inseguridad que se sigue viviendo en Sinaloa a causa del enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza, y esto requerirá de la atención oportuna por parte de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, a quien la Federación debe brindar igualmente todo el apoyo que requiera para que esa entidad encuentre una vía hacia la pacificación, que lleva varias décadas interrumpida, pese a las casi 2 mil 500 detenciones y la inhabilitación de 2 mil 183 laboratorios clandestinos que se han realizado desde septiembre de 2024. Entonces resulta difícil de creer que tal crecimiento del crimen organizado se dio sin un cierto apoyo por parte de algunos funcionarios.
Rocha Moya debe tener la garantía de que podrá defenderse apropiadamente de las acusaciones. Por ahora, su silencio debe obedecer tanto a la calidad de indiciado como a que debe preparar su defensa si es que existen las pruebas legalmente válidas como para hacerlo sentarse en el banquillo ante una corte de Estados Unidos. Y de una vez, los mexicanos debiéramos aprender que no porque el vecino del norte apunte con el dedo flamígero, sus señalamientos deben tomarse como palabra divina. Al contrario, el acuerdo de extradición que existe con México obliga a seguir una vía legal específica, válida también en caso de que en nuestro país se presente una demanda contra un residente o ciudadano estadunidense; los gritos y sombrerazos, mientras, son recursos demasiado rupestres en materia de derecho internacional. Y también podríamos acostumbrarnos a que estas investigaciones se realicen a todos los niveles, en todos los estados, porque hay una pendiente en Chihuahua.
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Edición: Estefanía Cardeña
