Opinión
La Jornada Maya
05/05/2026 | Mérida, Yucatán
A raíz del anuncio que hiciera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en cuanto a la intención de reducir los sueldos de funcionarios estatales y municipales, aplicando el principio de austeridad, se han discutido algunas propuestas de reforma en cuanto al número de regidores con que debe contar cada municipio, la extinción de las llamadas “pensiones doradas”, al igual que sobre cuánto deben recibir quincenalmente los legisladores locales.
En el papel, pocos podrían objetar que los recursos de los mexicanos, provenientes del pago de impuestos, se utilicen adecuadamente, con eficiencia y sobre todo, que se evite el dispendio mediante sueldos onerosos que no se encuentran en consonancia con lo que realmente percibe el promedio de la población asalariada.
Sin embargo, en el caso de los Legislativos locales, lo que ha salido a la luz es que hay grandes diferencias en cuanto al dinero que cuesta cada uno al erario, a pesar de que sus respectivas composiciones resulten sumamente semejantes; es decir, los congresos estatales poseen en su mayoría el mismo número de integrantes y en apariencia las responsabilidades y atribuciones son las mismas, pero otros factores “inflan” el precio de cada Congreso, por lo que resulta imposible aplicar la máxima de “a trabajo igual, salario igual”.
Por principio, las cifras que se manejan son globales, de manera que lo que existe es una tabla de Congresos de acuerdo a lo que “cuestan”. Maliciosamente, hay quien pretende indicar que ese es el costo de los legisladores estatales, cuando estamos hablando de todo un Poder.
Por principio está el presupuesto destinado por entidad. Los 490.8 millones de pesos que ejerce Quintana Roo, que superan por 100 millones a la cantidad destinada en conjunto a los de Campeche y Yucatán, es claro que hay un tema económico que parte precisamente de las finanzas estatales. Aquí, suele ocurrir que cada entidad establece legalmente un piso mínimo presupuestal para sus correspondientes poderes Legislativo y Judicial, que corresponde a un porcentaje de los egresos programados; de manera que la capacidad de recaudación y de gestión de recursos juega un papel preponderante.
Otro factor a considerar es la cantidad de trabajadores en cada Legislativo. Mientras en Quintana Roo hay 610 registrados, en Campeche hay 247 y Yucatán apenas cuenta con 223. Aquí habría que revisar a los órganos técnicos de cada Congreso, pues de acuerdo a sus atribuciones, les corresponde la vigilancia del ejercicio presupuestal por parte del Ejecutivo y el Judicial, a través de la correspondiente Auditoría Superior. Aquí debería plantearse si el dinero destinado a cada uno es acorde al tamaño de las dependencias que deben ser auditadas periódicamente.
Por último, debe tomarse en cuenta la cantidad de legisladores y el número de habitantes de cada entidad. Esto no porque cada ciudadano destine una suma de su dinero al mantenimiento del Congreso, sino porque se trata de la atención que debe recibir de quienes son sus representantes electos para la vigilancia del gobierno y la discusión de asuntos trascendentales. Así es entendible que la Ciudad de México, Michoacán y Jalisco sean las entidades con mayor presupuesto.
Los resultados de la medición del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) terminan por ofrecer un panorama en el que resaltan las diferencias de cada estado de la República en cuanto a su organización para el análisis legislativo, la evaluación de su presupuesto y la vigilancia de su ejercicio. Queda claro que en nombre de la soberanía estatal, cada uno hace lo que mejor le parece y no necesariamente se realiza un trabajo eficiente en estos rubros.
Sin embargo, la ciudadanía debe hacer el ejercicio de distinguir entre las responsabilidades del Legislativo y quienes ahí trabajan de la productividad de los legisladores locales, sobre la cual existe una percepción negativa generalizada y que tampoco distingue partidos políticos. Las imágenes de diputados durmiendo en sus curules, luciendo en tribuna su vocabulario más florido y una magnífica capacidad para elaborar sofismas, la idea de que las votaciones son por consigna y no porque cada uno haya revisado la iniciativa o punto de acuerdo en cuestión, o los escándalos que involucran a más de uno, no entran a las encuestas que miden el destino del dinero público.
Edición: Fernando Sierra
