Opinión
Francisco J. Rosado May
01/06/2026 | Chetumal, Quintana Roo
Una noticia importante el fin de semana pasado fue la
aprobación de la reforma judicial (reelección de los magistrados del Tribunal Electoral), electoral (anulación de elección por injerencia extranjera), y del INE (para investigar y prevenir candidatos con antecedentes delictivos). Este es solo un preámbulo al tema central de esta entrega. No solo se necesita hacer reformas, también hay que revisar el andamiaje normativo sobre el cual funcionan. Para ello se presentan tres ejemplos.
Hace pocos días fue noticia nacional la protesta que encabezó el papá de un niño, Vicente, quien murió por calor en un auto en Mexicali. La mamá del niño había recibido la custodia del menor cuando se separaron los padres. La mamá fue acusada de homicidio. La Fiscalía, de acuerdo con los medios, demostró que la mamá consumió alcohol la noche en que su hijo de tres años permaneció atrapado dentro del vehículo por más de 12 horas, con temperatura superior a los 35 grados.
El papá del niño exigió no sólo justicia, sino que antes de otorgar la custodia de un menor se hagan pruebas sicológicas adecuadas para determinar el nivel de confianza para depositar a un menor al cuidado de quien recibe la custodia. Un argumento a favor de la madre que presentó su defensa fue que sufría de afectaciones emocionales como depresión y ansiedad por haber vivido violencia familiar. La defensa presentó otros argumentos, pero al final la decisión del juez de control fue mantener la acusación de homicidio por omisión e impuso prisión preventiva.
Hace años, en otro caso, se configuró en José María Morelos, en Quintana Roo, el delito de sustracción ilegal de dos menores y el juez del caso, con base en las evidencias de la fiscalía, determinó emitir una orden de aprehensión de la persona que cometió el delito. Los menores sustraídos fueron llevados a otro país y por muchos, demasiados, años no hubo comunicación entre ellos y el padre que quedó atrás. La justicia nunca alcanzó a la persona culpable de sustracción, ahora uno de los sustraídos ya es mayor de edad y el otro pronto lo será.
De acuerdo con una consulta vía inteligencia artificial, en México el delito de sustracción ilegal de menores no prescribe, lo cual parece lógico dada la gravedad del delito. El problema radica en otra parte: después de alrededor de 10 años de haberse cometido el delito, el brazo de la justicia nunca logró alcanzar a la parte culpable y llevar el proceso como marca la ley.
A principios de mayo 2026, medios del estado de Quintana Roo dieron a conocer que el diputado local Hugo Alday presentó una iniciativa para sancionar denuncias falsas. La propuesta implica fortalecer la legislación actual para establecer claramente sanciones y castigos ejemplares a quienes abusen del recurso de las denuncias sin fundamentos, porque se afectan a terceros y se ocasiona pérdida de tiempo, recursos económicos y materiales innecesariamente. De acuerdo con el diputado Alday, el objetivo es buscar un justo medio entre proteger el derecho a denunciar y evitar el abuso de este.
Punto y aparte.
La impunidad y la corrupción, que van de la mano, también se deben combatir. No serviría de mucho tener buenas leyes si el sistema los tolera. Ambos permiten condiciones que desembocan en gasto social y económico enorme al no haber el equilibrio debido entre el derecho a la demanda y su abuso.
Es cuanto.
Edición: Estefanía Cardeña
