'Los Angeles Times': golpeteo mediático

El diario estadunidense Los Angeles Times publicó un presunto reportaje según el cual el gobierno de Estados Unidos lanzó una investigación criminal contra los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas). De acuerdo con el medio, a ambos mandatarios estatales se les negó o revocó la visa para ingresar a territorio estadunidense, por lo que sus viajes a ese país se han realizado bajo el programa Significant Public Benefit Parole (libertad condicional por beneficio público significativo), otorgado a individuos que cooperan con las autoridades en materia de seguridad pública. Esto implica afirmar que ambos mandatarios no sólo son investigados, sino que lo saben y se han convertido en informantes de una fiscalía.

Lo primero que destaca en la pieza del rotativo angelino es la ligereza con que se lanzan acusaciones de tal gravedad sin proporcionar evidencias ni citar el origen de su historia, más allá de referir a “fuentes con conocimiento del caso”. Cuando este factor se ubica en el contexto del creciente uso del narcotráfico, como pretexto para el injerencismo de Washington en México, es evidente que no se trata de un texto difundido por su valor periodístico –que no lo tiene–, sino para sembrar una insidia particularmente conveniente a los funcionarios del gobierno estadunidense empecinados en desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de gobernadores aliados. Como ella misma señaló, estos ataques se han recrudecido de manera visible desde que la muerte de dos agentes de la CIA en un accidente carretero puso al descubierto el entendimiento criminal entre el gobierno de la panista María Eugenia Campos en Chihuahua y la embajada estadunidense para desplegar en México a elementos de varias agencias de inteligencia y espionaje a espaldas de la cancillería y de la Constitución.

Es inevitable que esta operación de golpeteo mediático recuerde a la efectuada en enero de 2024 por Tim Golden para el medio ProPublica. En ese momento, a sólo cinco meses de las elecciones presidenciales en México, Golden firmó un texto en el cual insinuaba que capos del narcotráfico entregaron millones de dólares a la campaña del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en 2006 a cambio de promesas de tolerar sus actividades cuando llegara a la Presidencia –lo cual no ocurrió entonces debido al fraude orquestado por el IFE, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral a favor del PAN–. Horas después de lanzar la bomba desinformativa, Golden reconoció no contar con evidencia que apuntara en la dirección indicada por el titular, pero rehusó disculparse por sugerir algo tan grave sin disponer de pruebas que lo respaldaran. Incluso, el Departamento de Justicia estadunidense informó que la investigación fue concluida y cerrada 15 años atrás porque ni los agentes ni los fiscales pudieron aportar elementos que sostuvieran las sospechas, pero ello no ha impedido que desde entonces la derecha política y mediática hable de ese inexistente financiamiento ilegal como un hecho.

Ahora, como hace dos años y medio, el problema con estas publicaciones irresponsables es que generan incertidumbre, afectan una honorabilidad que ningún dato ha puesto en duda y construyen a priori una justificación para golpeteos judiciales (lawfare) injerencistas, que a su vez responden al designio de habilitar la aplicación trumpista de la Doctrina Monroe. Si se desea hacer un uso consecuente y productivo de la libertad de expresión, habría que dejar de lado las narrativas mendaces que intoxican a la opinión pública a ambos lados de la frontera y centrarse en la denuncia de criminales sobre quienes pesan todas las pruebas, como el presidente Donald Trump y varios miembros de su entorno.

Edición: Ana Ordaz