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En la segunda vuelta de la elección presidencial realizada ayer en Perú, los recuentos parciales de sufragios daban ventaja a la candidata ultraderechista Keiko Fujimori, con 50.15 por ciento de los votos, frente al 46.27 por ciento que lograba su rival progresista, Roberto Sánchez. Un conteo rápido de Ipsos reflejaba una votación mucho más cerrada, con 50.3 por ciento para la hija del difunto dictador Alberto Fujimori, en contraste con 49.7 por ciento para el abanderado del partido del depuesto y encarcelado presidente Pedro Castillo.

Ciertamente, tales cifras distan de configurar los resultados definitivos y la ventaja de Fujimori podría revertirse, habida cuenta de que los votos del interior del país y del agro –donde la izquierda tiene más apoyo que en las urbes como Lima– tardan más en ser contabilizados.

Asimismo, si se aproximan mucho los caudales de sufragios obtenidos por los dos candidatos, habrá que llevar a cabo un meticuloso recuento cuyo desenlace puede tardar semanas, como ocurrió en la primera vuelta de la elección actual y en la segunda de la de 2021, cuando Fujimori y sus partidarios hicieron todo lo que pudieron por revertir en los tribunales su derrota en las urnas. Hace cinco años, la ultraderecha atribuyó su fracaso ante Castillo a una “conjura del comunismo internacional” y no puede descartarse que vuelva a hacerlo ahora en caso de que el veredicto popular no le favorezca. Se ahondaría, así, la inestabilidad política que ha imperado en Perú desde el inicio de este siglo, en el que la nación andina ha tenido 12 presidentes, varios de ellos con menos de un año en el cargo, sin mencionar que en su mayoría han sido imputados e incluso encarcelados por diversos cargos. De modo que, aunque lograra remontar la desventaja que le atribuyen los resultados parciales, Sánchez tendría que moverse en un escenario muy complicado, caracterizado por la atomización y la corrupción imperantes en las fuerzas representadas en el Congreso y, paradójicamente, el poder desmesurado que tiene el Legislativo para imponerse al Ejecutivo, bloquearlo y hasta deponerlo.

Por otra parte, la sola posibilidad de un triunfo de la aspirante de la ultraderecha constituye un elemento de grave preocupación, no sólo por lo que Fujimori representa en términos de avance del autoritarismo, la arbitrariedad, la corrupción y el uso patrimonialista de la administración pública, sino también porque sería un nuevo avance del frente reaccionario internacional que, bajo la dirección de orquesta del trumpismo estadunidense, se ha hecho ya con el poder en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Honduras. Ello configura un entorno de aislamiento para los gobiernos progresistas que quedan en América Latina, con la continuidad transformadora pendiendo de un hilo en Colombia y Cuba sometida a la asfixia económica por el sadismo injerencista de Washington.

En tales circunstancias, la incertidumbre que arrojan los comicios de ayer en Perú resultan un factor adicional en el periodo oscuro por el que transita el subcontinente.


Edición: Ana Ordaz


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