Opinión
La Jornada
09/06/2026 | Ciudad de México
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Estados Unidos a levantar de inmediato las sanciones que se han ido acumulando contra Cuba desde enero, al considerar que “unos regímenes de sanciones tan severos (…), indiscriminados y extremadamente gravosos para la población son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos”.
Türk mencionó algunos datos que ilustran la devastación causada por medidas como la amenaza de imponer sanciones punitivas a los países que suministren petróleo a la isla: desde la imposición de las restricciones sobre el combustible, la mortalidad infantil se ha duplicado hasta alcanzar 9.9 muertes por cada mil nacimientos, mientras la tasa de supervivencia de los niños con cáncer ha pasado de 85 por ciento a 65 por ciento.
Con los hechos en la mano, el alto comisionado mostró al mundo la infamia del bloqueo y despejó cualquier duda acerca de que el posicionamiento ante la embestida de Washington no es un asunto político ni ideológico, sino jurídico y humanitario. Asimismo, corroboró que la crisis en la cual se encuentra sumido el pueblo cubano es el resultado de un designio de infligir dolor por parte de la superpotencia, no de fuerzas naturales ni de la gestión del gobierno cubano.
En la batalla por la narrativa, la exposición del funcionario tiene el valor de desmentir la versión propagada por Estados Unidos y amplificada por sus aliados y medios afines, según la cual la crisis energética y la consiguiente salida de todas las empresas extranjeras con inversiones en la isla es culpa de una élite militar corrupta e incompetente que condena al pueblo a la pobreza mientras ella misma vive en la abundancia y el derroche. El deterioro automático en las condiciones de vida tras la nueva ronda de sanciones prueba que, incluso si esta especie fuera cierta, los castigos colectivos no afectan a la dirigencia, sino a los civiles de a pie.
En este sentido, el trumpismo se distingue del resto de las administraciones estadunidenses al hacer transparentes tanto sus intenciones como los métodos con que se propone cumplirlas. Al imponer el embargo petrolero en enero pasado, Donald Trump aseguró que Cuba no podría sobrevivir a las sanciones; hace un mes dijo que cuando sus portaviones regresen de la guerra contra Irán tomarán control sobre la isla “casi de inmediato” y el 20 de mayo sostuvo que no hace falta una escalada en sus agresiones porque Cuba ya se está cayendo a pedazos. También admitió abiertamente el papel de Washington en la siembra del descontento y las operaciones para debilitar al país desde dentro al afirmar: “Tenemos mucha gente en Cuba; tenemos a la CIA allí”.
El discurso del alto comisionado Türk refuerza el mensaje del ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU las medidas de la Casa Blanca como “una agresión unilateral sin precedente y sin justificación alguna” con las que Trump pretende obligar a todos los estados a participar “en contra de su voluntad en sus políticas atroces contra Cuba”. La comunidad internacional debe atender el llamado del canciller Rodríguez a movilizarse para evitar una catástrofe humanitaria generada por un bloqueo manifiestamente criminal. La aquiescencia con la agresión trumpista no sólo significa dar la espalda a millones de víctimas; también incrementa el riesgo de que otros pueblos sean condenados al hambre por no plegarse a los deseos de Washington.
Edición: Estefanía Cardeña
