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Foto: Jair Cabrera

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo ayer que los actos violentos registrados en el contexto de las movilizaciones magisteriales ya no responden únicamente a demandas legítimas, sino a una estrategia para proyectar una imagen de caos e inestabilidad en México. Asimismo, denunció los repetidos llamados a la violencia y la sedición por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien planteó que “a la mejor es necesario hacer presencia física y bloquear los accesos. Nada de que manifestación de blanco y pacífica, vale madre. Ya lo hicieron, no sirve para nada”.

Cuestionada sobre una posible relación entre esos posicionamientos y las movilizaciones que se desarrollan en la Ciudad de México, la mandataria respondió que no cuenta con pruebas, pero existe una coincidencia entre sectores de ultraderecha y grupos radicalizados porque “los extremos se juntan”.


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La existencia de un plan de desestabilización que tiene al magnate como su figura más visible se encuentra documentada de manera incontestable por sus actos y declaraciones, así como por las de sus cómplices y aliados dentro y fuera del país. Sólo en lo que va del mes, Salinas Pliego ha afirmado en público que “vamos a sacarlos del poder y no va a ser bonito”, y que “estos desgraciados zurdos de mierda no se van por la buena; entonces se van a tener que ir por la mala”, en referencia tanto al gobierno mexicano como a todas las expresiones progresistas en América Latina. Mandos del Partido Popular y de Vox en España, Javier Milei en Argentina y la plana mayor del trumpismo en Estados Unidos se han mostrado igual de dispuestos a subvertir el orden democrático para imponer sus agendas de ultraderecha, y conversaciones filtradas dejaron al descubierto que las conspiraciones golpistas son coordinadas por el narcotraficante y ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, con el financiamiento del actual gobierno de Tegucigalpa, de Washington y Buenos Aires.

Al mismo tiempo, hay expresiones de descontento social cuya legitimidad y motivaciones no están en discusión, pero que han adoptado métodos de violencia y extorsión política que resultan injustificables en un contexto en que las autoridades mantienen abierta la puerta del diálogo y hacen propuestas constructivas a fin de conciliar las demandas de los inconformes con la realidad y las posibilidades del Estado mexicano.

En particular, al usar como herramienta de presión el escaparate del Mundial que comienza mañana, el magisterio inconforme y otros grupos caen en un alineamiento objetivo con fuerzas de derecha que siempre han despreciado sus causas, así como instigadores de los brutales episodios de represión de que fueron víctimas en el pasado.

Empresarios, políticos y figuras mediáticas que se afanan en ganar a la mala lo que el pueblo les ha negado en las urnas deben desistir de proyectos criminales antinacionales y respetar el orden democrático del país.

Por su parte, los movimientos sociales harían un bien mayor a sus reivindicaciones si toman la mano que se les extiende para dialogar y evitan que la sociedad los identifique con sus enemigos históricos. La tentación de aprovechar la coyuntura para empujar sus demandas en coincidencia con la ultraderecha puede tener un enorme costo en términos de respaldo popular y solidaridad con sus causas.

Por último, cabe señalar que, con independencia de lo que se piense de un espectáculo mercantilista y excluyente como sin duda lo es el Mundial bajo la actual presidencia de la FIFA, llevarlo a cabo es un compromiso adquirido por México durante el sexenio antepasado, y el costo de romper la obligación contractual es inasumible.

Por ello, sería contraproducente convertir sus potenciales beneficios económicos para las ciudades sede en un perjuicio que afectaría a todo el país.




Edición: Estefanía Cardeña


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