Opinión
La Jornada Maya
29/06/2026 | Mérida, Yucatán
El llamado “Caso Wallace” fue durante más de una década uno de los asuntos judiciales más mediatizados. Lo que entonces se dio a conocer como varios delitos (el secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda) recibió la simpatía de varios sectores de la sociedad mexicana, y la constante presencia de Isabel Miranda de Wallace en los medios también fue un factor determinante sobre las autoridades de la época.
A la fecha, lo que han terminado por demostrar las investigaciones es que el caso fue una fabricación, ampliamente documentada. Sin embargo, la justicia no se ha inclinado hacia ningún lado y al paso del tiempo, pareciera que la verdad tampoco llega.
Mantener a Brenda en prisión preventiva después de tanto tiempo, así sea en un departamento y acompañada de su madre, al igual que a Jacobo Tagle, César Freyre, Tony y Albert Castillo (Juana Hilda González es la única que ha logrado su libertad), va contra cualquier principio de legalidad; además de que existen pruebas como certificados médicos, un peritaje del Protocolo de Estambul, amparos y recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y la CNDH, y el decreto del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para la preliberación de presos cuya única prueba condenatoria hubiera sido la autoincriminación por confesión obtenida bajo tortura o que tuvieran 10 años o más en prisión sin recibir sentencia. Brenda y compañía cumplen con todos estos requisitos.
La estrategia de Brenda Quevedo ha cambiado. Al menos su representación jurídica cambia a un perfil mucho más amplio que integran grupos por los derechos humanos, la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la Universidad Iberoamericana y la de Interés Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Sin duda un equipo amplio, una red de apoyo ahora reconocida como Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo.
El objetivo es que la justicia se haga presente y que tanto Brenda como sus compañeros recuperen esa libertad que en ningún país que se precie de tener instituciones sólidas ocurriría.
Tampoco nos engañemos: es una nueva batalla en la misma guerra. Si el caso sigue atorado es porque todavía hay fuertes intereses operando en la Fiscalía General de la República, protegidos desde otras instancias. La impartición de justicia implica que se proceda contra quienes ejercieron la tortura e incurrieron en la fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso. Isabel Miranda lleva 18 meses muerta, y no es posible que su nombre siga actuando como el Cid Campeador, cuyo cadáver producía miedo en los ejércitos enemigos, como parece que ahora sucede en las instituciones policiacas y de impartición de justicia.
Edición: Fernando Sierra
