Opinión
La Jornada Maya
30/06/2026 | Mérida, Yucatán
El acceso y la atención a la salud son parte de los servicios que el modelo de nación que actualmente se tienen en México integra como parte de las funciones del Estado. A partir de diciembre de 2018, el mensaje desde el Poder Ejecutivo fue que debía fortalecerse el aparato estatal para este fin, ya que los gobiernos anteriores, neoliberales, intentaron desmantelar las instituciones creadas por los del nacionalismo revolucionario, obligándolas a subrogar buena parte de sus operaciones a entes privados.
Al discurso se ha unido la acción, con la construcción de hospitales y su puesta en servicio. Sin embargo, esto no equivale a que ya se tenga un sistema de salud eficiente y confiable. Entre 2020 y 2024, es decir, desde el año en que inició la pandemia de Covid -19 hasta más de un año después de que se pusiera fin a la emergencia sanitaria, caducaron 18.4 millones de piezas de medicamentos con valor superior a 121 millones de pesos, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.
La lista de fármacos incluye medicamentos oncológicos, y aquí debe recordarse que previo a la pandemia, uno de los temas más sensibles de los que la oposición a Andrés Manuel López Obrador pretendió sacar raja política fue el de la falta de tratamientos para niños con cáncer. De manera que acumular estas sustancias para dejarlas caducar raya en el sabotaje.
Vayamos por partes: las clínicas y hospitales públicos programan la adquisición de medicamentos de acuerdo a la atención que se brindó el año anterior, de manera que cada pieza adquirida tiene, de antemano, un destinatario. Por supuesto, también se calcula un porcentaje mayor en caso de que surja un nuevo paciente. Pero lo elemental es que si la medicina no llega a quien la requiere es que algo falló, y existe uno o varios responsables de que esto haya sido así, y que la situación se haya dado a lo largo de varios años y haya incluido material de curación y dispositivos médicos, según indicó David Kershenobic, secretario de Salud.
Por otro lado debe verse que una o varias personas obtuvieron una ganancia desproporcionada, si es que se trató de una compra excesiva. Esos son los intereses detrás de esquemas de adquisición sin orden ni vigilancia, pero necesitan que en las clínicas y hospitales permanezcan personas a quienes les importe poco la claridad en el ejercicio de los recursos públicos; o más bien, que cumplen con demostrar que se hizo una adquisición conforme a las bases de una licitación, pero no con que los derechohabientes tengan seguros sus tratamientos.
Esto es jugar con la salud de los mexicanos, pues el hallazgo de millones de piezas de medicamentos en un solo nosocomio lleva a pensar inmediatamente en qué ocurre en todo el sistema público de salud. El hallazgo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez debe llevar a una revisión tanto en el ISSSTE como en el sistema IMSS -Bienestar. Porque lo que queda demostrado es que el presupuesto de adquisiciones se ejerce, pero si existe dolo para que los fármacos no lleguen a quienes lo necesitan, es hasta una apuesta macabra que arriesga innecesariamente a la población. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene la palabra.
Edición: Fernando Sierra
