Opinión
La Jornada
03/07/2026 | Ciudad de México
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de
Gilda Susana Lozoya Austin –hermana del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya–, para que enfrente acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero nacional y extranjero, con dinero que se entregó como sobornos al ex funcionario en la trama conocida como Agronitrogenados. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público federal, Gilda Susana Lozoya Austin realizó transferencias ilícitas como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, una fachada creada por su hermano para lavar el dinero proveniente de sobornos y desfalcos.
El viernes 26 de junio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso un paquete de 21 denuncias penales ante la FGR por un posible daño de más de 600 millones de pesos, que involucran “casos de alto impacto”, según explicó el auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel. Las denuncias se presentaron “atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento, sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización”.
Ambas acciones dan cuenta del renovado impulso en la lucha contra la corrupción a partir del nombramiento de Ernestina Godoy Ramos al frente de la FGR en sustitución de Alejandro Gertz Manero, así como a la renovación del Poder Judicial gracias a la reforma constitucional respectiva. En este sentido, es notorio que en la actualidad el Órgano de Administración Judicial cumple, al menos parcialmente, con el deber siempre ignorado por su antecesor, el Consejo de la Judicatura: denunciar y sancionar a los togados que liberan de manera indebida a delincuentes, desde feminicidas hasta miembros del crimen organizado o transgresores de cuello blanco.
En un contexto más amplio, refleja los esfuerzos contra la corrupción durante la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. Por ejemplo, aunque la ASF es un órgano autónomo adscrito al Congreso, las denuncias presentadas hace una semana sólo son posibles gracias a que en abril se promulgó una reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que habilita a la ASF a actuar de oficio para investigar faltas administrativas graves y establece que “cualquier persona podrá presentar denuncias” cuando se presuma “el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío”.
Debe recordarse que esta campaña de limpieza de la administración pública de todos los niveles arrancó recién comenzado el sexenio con la Operación Enjambre de noviembre de 2024, cuando siete altos funcionarios municipales del estado de México fueron detenidos por sus presuntos nexos con grupos delictivos como La familia michoacana, cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito. La operación ha continuado, de modo que hasta febrero de este año fueron arrestados más de 85 funcionarios y ex funcionarios, y en abril se obtuvieron 15 sentencias condenatorias contra 20 ex servidores públicos municipales con un total de más de mil 146 años de cárcel. En mayo se extendió a Morelos, donde se aprehendió al edil de Cuautla, municipio considerado epicentro del delito de extorsión. De acuerdo con el gobierno federal, la detención de alcaldes ligados al crimen organizado bajó 49 por ciento los homicidios en esa entidad. Cabe destacar que los arrestos y acusaciones se han realizado sin distingos partidistas.
Por último, en este apretado recuento es necesario mencionar las sanciones impuestas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Los días 2, 14 y 21 de junio se dieron a conocer multas por hasta mil 192 millones 500 mil pesos, así como inhabilitaciones y amonestaciones, a decenas de ex funcionarios por irregularidades de diversa gravedad.
Sin duda, todos estos avances son saludables en tanto disuaden a los servidores públicos de incurrir en faltas, reintegran sumas importantes al erario y previenen nuevos quebrantos, y transmiten a la ciudadanía el mensaje de que los recursos del tesoro público serán usados en beneficio de todos los mexicanos, no para el enriquecimiento de unos cuantos. Por supuesto, lo logrado no erradica la corrupción enquistada en las instituciones, pero representa varios pasos en la dirección correcta.
Edición: Ana Ordaz
