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La Jornada
03/07/2026 | Ciudad de México
César Arellano y Gustavo Castillo
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) reinstaló a 18 de 43 abogados que había cesado, sin que hasta ahora se hayan aclarado los motivos, de acuerdo con el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), Jesús González Pimentel.
En un video difundido anoche en redes sociales, atribuyó la recontratación a las gestiones del sindicato ante el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el IFDP. “Este resultado demuestra que el diálogo institucional y la defensa firme de derechos laborales permiten alcanzar soluciones”, afirmó.
Hasta ayer, ni el IFDP ni el OAJ habían aclarado el motivo de los despidos que surtieron efectos el pasado miércoles, pese a las protestas y críticas que provocaron. De acuerdo con mandos del PJF, existen dos versiones sobre el caso.
La primera apunta a que las bajas forman parte del recorte de personal administrativo impulsado por el OAJ, que desde finales de 2025 redujo 10 por ciento las plazas administrativas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el propio organismo y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
La segunda versión refiere que el director del IFDP, el magistrado Benjamín Rubio Chávez, fue quien decidió dar por concluidos los nombramientos de los servidores públicos, y se habría hecho sin considerar al OAJ.
Autoridades entrevistadas refirieron que los despidos se realizaron a pesar del recorte de salarios a los altos mandos y reajuste de puestos, gracias a lo que se impidió que el cese fuera de 10 por ciento de la plantilla de manera efectiva, lo que hubiera impactado a 300 empleados.
Hasta el momento, los oficios enviados a las delegaciones estatales del IFDP notificaron que sus oficinas ya no cuentan con área de trabajo social.
El IFDP es una dependencia auxiliar del OAJ, encargada de garantizar el acceso a la justicia mediante servicios gratuitos de defensa penal y asesoría jurídica a personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.
El área de trabajo social, que dejó de existir a partir del día primero, era el primer contacto con usuarios, donde los trabajadores sociales se enfocaban en evaluar el contexto socioeconómico y determinaban si el caso requería defensa penal o asesoría jurídica.
El documento que circula entre el personal del IFDP, del cual La Jornada tiene copia, apunta que, con la finalidad de evitar afectaciones en la atención de los asuntos encomendados a los defensores públicos y asesores jurídicos federales, se determina la redistribución de funciones, la cual será “obligatoria”.
Edición: Estefanía Cardeña
