Opinión
Francisco J. Rosado May
20/07/2026 | Mérida, Yucatán
Uno de los derechos humanos universales es el acceso a la salud (obvio, de calidad). Es de esperarse que la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos que se está conformando aborde este tema, ¿cómo lo hará? El acceso a la salud en comunidades mayas del centro de Quintana Roo tiene básicamente dos variantes. La primera es el servicio que ofrece el gobierno; la segunda es el servicio que ofrecen los curanderos/as en las comunidades.
De acuerdo con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Sesa, boletín del 19 de diciembre de 2025, el gobierno considera la diversidad cultural e impulsa un modelo intercultural de atención a la salud. La página del IMSS-Bienestar publicó el 9 de agosto de 2024 que brinda atención a casi cuatro millones de personas indígenas con respeto a sus usos y costumbres, paradigmas y tradiciones. El mensaje es que el sector salud en México, para poblaciones indígenas, aplica el enfoque intercultural al combinar la medicina moderna con los saberes y prácticas de la medicina tradicional, incluyendo la partería y herbolaria, con el apoyo de traductores. En el papel esta idea no suena nada mal.
En la práctica aún se distingue hoy que siguen vigentes los elementos encontrados por Pelcastre-Villafuerte y colaboradores en su publicación del 2022, en la revista Salud Pública de México, vol. 62, núm. 3, donde señalan que las poblaciones indígenas de México han sido depositarias de valoraciones discriminatorias, exclusión y racismo. ¿Cuántas plazas hay ocupadas en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum o incluso en Benito Juárez donde hay una alta población indígena en Cancún, por parteras o herbolarias tradicionales, hombres o mujeres? ¿Qué mecanismo tiene el gobierno para decidir quién realmente tiene los saberes adecuados en materia de partería o de herbolaria tradicionales y otorgarles plazas para que trabajen en los hospitales? ¿Cuántas plazas tienen de traductores certificados y cuántas plazas están ocupadas? ¿Cuál es el salario de estas personas? ¿Tienen certeza laboral? ¿Se rigen por la misma normatividad que los trabajadores de salud no indígenas? ¿Qué prestaciones tienen? Así como hay programas de actualización para el personal de salud no Indígena, ¿qué programa hay para las parteras o herbolarias o dulas tradicionales? ¿Existe algún programa de intercambio de saberes entre las parteras o herbolarias? ¿Qué infraestructura tienen para trabajar? Etc. etc.
Las anteriores preguntas son solo un ejemplo de las muchas más que tiene la población y posiblemente no tienen respuesta lo cual explica por qué no se nota la implementación adecuada de la “salud intercultural”.
Adicionalmente, el tema de la salud no debe ser solamente la aplicación de conocimientos presentes. ¿Qué programas tiene el gobierno para llevar el conocimiento tradicional a otro nivel, sobre partos y uso de plantas para tratar enfermedades? ¿Cuántos programas hay en las universidades que tengan este objetivo? ¿Cuánto presupuesto se destina? ¿Qué perfil académico tienen, o deben tener, los investigadores que se dediquen a conocer los mecanismos que explican la eficiencia o falla de las plantas medicinales? ¿Qué programas hay de protección a los saberes indígenas en materia de salud? ¿Qué se hace para los casos de éxito donde se logra saber los mecanismos que explican el éxito de una u otra planta para una u otra enfermedad? Etc., etc.
Ojalá la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanas no quede a deber.
Punto y aparte.
La petición que hace el Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes en Cancún es justa. La consulta también debe incluirlos.
Es cuanto.
Edición: Fernando Sierra
