Opinión
La Jornada Maya
21/07/2026 | Mérida, Yucatán
Cuando la realización de obras públicas depende de comprometer el presupuesto estatal, que sale del bolsillo de todos los ciudadanos, la adquisición de una deuda tiene que estar plenamente justificada. Además, el sello del actual régimen es escuchar al pueblo, por lo que el destino de las inversiones del gobierno sea de cara a la población y respondiendo a sus necesidades inmediatas.
Así, los foros para el Plan Bienestar Metropolitano que organizó el gobierno de Yucatán, buscaban una base para contratar un préstamo por mil 500 millones de pesos que deben distribuirse en tres grandes rubros: seguridad, agua potable y movilidad. En este último, la discusión se ha concentrado, malamente, en un solo aspecto, según indicaron cinco organizaciones ciudadanas que se han destacado por buscar incidir en la planeación de obras que desincentiven el uso del automóvil y la adopción de equipamiento urbano incluyente.
La queja principal de los colectivos es que la consulta estuvo planteada con el fin de ampliar la infraestructura para automóviles, haciendo a un lado el transporte público, la movilidad peatonal, ciclista y, en otras palabras, a incrementar el número de vehículos particulares en una ciudad (Mérida) y los municipios colindantes que componen el área metropolitana, que ya se encuentran saturados.
El punto clave es, en la relación entre gobernantes y gobernados, cómo quiere entenderse el concepto de movilidad, lo que implica también una concepción de lo que significa desarrollo urbano. Para los primeros, según se indica, lo que se quiso adelantar a través de los foros es una variedad de obras orientadas al automóvil: pasos inferiores, retornos, puentes peatonales, ampliaciones de carriles, en fin, lo que permita aumentar el límite máximo de velocidad en el Periférico y otras vialidades primarias.
Igual, el uso de términos tan amplios como “modernizar” o “mejorar la infraestructura vial” son insuficientes para brindar certidumbre sobre los proyectos que se pretenda llevar a cabo, que bien podrían limitarse al bacheo de calles.
Queda al aire, entonces, la pregunta sobre lo que se pretende hacer con el presupuesto destinado a movilidad, que no implica crear o mejorar las condiciones para que quienes recorren distancias relativamente cortas a pie, o que utilizan el transporte público o la bicicleta de manera habitual, se desplacen con seguridad y de manera eficiente. Agreguemos que tampoco se ha hablado mucho del uso de la motocicleta, cuyo costo y relativa facilidad de maniobra han hecho que estos vehículos proliferen porque también se les puede considerar de trabajo. Sin embargo, también se ha vuelto habitual hallarlos en accidentes de tránsito, y esto por falta de una política para su conducción segura.
Recientemente, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles dio a conocer que en Yucatán se venden diariamente más de 90 vehículos al día. Y si bien esto indica una economía saludable, también es un problema urbano que tiene solución, y ésta no es evitar a toda costa otros modos de movilidad.
El municipio de Mérida y los que integran el área metropolitana se han transformado rápidamente en los últimos 15 años. Ya es difícil ver grandes extensiones de vegetación a ambos lados de las carreteras: ahora proliferan edificios, complejos habitacionales, plazas comerciales, escuelas, universidades, etcétera. Esto obliga a pensar de manera distinta la movilidad, y asegurar que cualquier persona pueda atravesar esas vías con seguridad. Esto ya está plasmado en un marco normativo al que debieron recurrir los ponentes en los foros. Al no haberlo hecho de esta manera, lo que queda comprometido es la seriedad de las propuestas que se den a conocer en los próximos días, y todavía más, el destino del crédito.
Edición: Fernando Sierra
