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Foto: Facebook Designia Desarrollo

En la última década, el sector inmobiliario ha sido parte importante de la economía de Yucatán. El mercado ha marcado un aumento de precios en las propiedades y arrendamientos, al grado que han surgido cuestionamientos importantes e inconformidades por parte de los habitantes de la entidad.

El auge se ha traducido en cambios drásticos en el paisaje, con la aparición de torres de departamentos en diversos rumbos de Mérida, y también en la costa, lo que ha alterado drásticamente la costumbre de “la temporada”, ante el encarecimiento de las rentas de casas veraniegas, favorecido también por la demanda creada por extranjeros que han hecho de algunos puertos su residencia durante el invierno en sus países de origen.

Es para este mercado que han surgido proyectos inmobiliarios, departamentos que, además de obstaculizar la vista de los atardeceres, incrementan la presión sobre los servicios urbanos en poblaciones que carecen de las atribuciones administrativas para resolver los conflictos que han surgido en cuanto al crecimiento de la infraestructura de vialidades, distribución de agua potable y electricidad, y tampoco en la expedición de permisos para la construcción de complejos habitacionales como el que ahora ha movilizado a la opinión, como es “Las Dunas”, en Chuburná puerto.

El cuestionamiento en torno a este proyecto es directo: quién autorizó la construcción de 14 torres y 32 locales comerciales en medio de la duna costera, afectando vegetación clave para mitigar el impacto de huracanes y fauna endémica en riesgo, pero además, ubicado entre el manglar y el mar. Esto involucra al ayuntamiento de Progreso y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

La pregunta por quién dio los permisos de construcción, que debió contar con la correspondiente manifestación de impacto ambiental, resulta de importancia porque la ubicación del proyecto impacta en el acceso de los yucatecos a sus playas. El terreno queda a unos cuantos metros de la zona conocida como “El Playón”, en Chuburná, que es un área que se ha salvado de la erosión costera y que por lo mismo es tanto punto de recreo para los humanos como espacio a donde llegan a anidar por lo menos tres especies de tortugas marinas.

Resulta ilógico alegar que “Las Dunas” es un proyecto sustentable, pues tan solo la densificación de servicios necesaria para su operación resulta en un riesgo para el ecosistema costero. Incluso si se insistiera en que es meramente turístico, implicaría otro impacto, que sería la mayor presencia humana en los atractivos naturales de esa comisaría progreseña, como son Isla Columpios o La Carbonera.

Ahora, el gobierno de Yucatán ha salido a decir que ha solicitado formalmente a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “verificar y supervisar el cumplimiento puntual de las autorizaciones federales que amparan el proyecto”.

Asimismo, la autoridad local indica que los dictámenes que ya emitieron las instancias locales establecen que una gran parte de la superficie del predio en cuestión debe destinarse a la conservación, por lo que no puede ser ocupada ni modificada.

Llama la atención el llamado al gobierno federal, cuando el estatal, según sus atribuciones, pudo limitar el alcance de un proyecto que, a todas luces, se traduce en que buena parte de la población que visita las playas pierda parcialmente el acceso gratuito a una de las que han sido menos afectadas por la erosión, además de la correspondiente pérdida de importantes servicios ambientales.

Es tiempo entonces de saber quiénes dieron los permisos y especialmente cuándo se hizo. La afectación, por lo que se deja ver, va mucho más allá de la medioambiental, pues habrá un fuerte daño a la calidad de vida tanto de los habitantes de Chuburná y en general del municipio de Progreso, como de quienes acuden con regularidad a esas playas, que se encuentran entre las más cercanas a la capital yucateca. El sustento y disfrute del paisaje y el ecosistema no pueden quedar a la voluntad de un negocio privado.


Lea, de la misma columna: Aranceles para la guerra

Edición: Fernando Sierra


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