Opinión
La Jornada Maya
28/07/2026 | Mérida, Yucatán
Conciliar la libertad de expresión con la veracidad es, por lo menos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que data de 1789, una de las mayores preocupaciones de las sociedades. Incluso en ese documento queda establecido que cualquiera puede hablar, escribir y publicar libremente, “siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley”.
A casi dos siglos y medio, el tema sigue siendo importante. Entonces se pensaba en los límites que podía tener una publicación impresa, pero al paso del tiempo surgieron medios masivos de comunicación con la capacidad de llegar en tiempo real a un público amplio, transmitiendo no la palabra escrita, sino audio y video, a través del espectro de frecuencias, en un mensaje integral que, al amparo de la libertad, puede ser muchas cosas pero no necesariamente veraz.
México ha entrado a una nueva dinámica, abriendo a consulta pública los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, que inició este lunes y concluirá el 21 de agosto. Esta propuesta de normativa forma parte de la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada el año pasado, que contempla que las empresas del ramo incorporen la figura de un defensor de las audiencias.
Volviendo a los límites para la libertad de expresión ejercida a través de medios de comunicación, que hace ya muchos eran solamente la paz pública y la fama de las personas, es necesario reconocer que se ha vulnerado el derecho más básico: el contar con información verídica y comprobable, en lugar de contenidos tendenciosos en busca de posicionar al canal que los propaga.
Los lineamientos tendrán, por definición, un alcance limitado que será necesario ampliar, en estos tiempos de la inteligencia artificial generativa, pues únicamente aplicará a la radio y la televisión, donde empresas particulares explotan las concesiones que da el Estado mexicano; cosa que no ocurre en Internet.
Seguramente, la reacción de quienes se sentirán afectados será acusar que se impondrá la censura mediante la amenaza de multas, cuando en realidad se trata de brindar a televidentes y radioescuchas información con fundamento. Tal vez lo terrible para algunos empresarios sea que, en lugar de lanzar ataques sin sustento, tengan que recurrir a la investigación y al uso de la inteligencia natural para presentar al público una crítica justa y razonada.
Por otro lado, los lineamientos se aplicarán a la barra noticiosa y de opinión, por lo que no se puede argumentar que se está yendo contra toda la programación. Seguiremos viendo la aparición de telenovelas, programas de concursos y “realities”.
Queda pendiente saber si existe la intención de establecer una regulación semejante para la prensa escrita. Por lo pronto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no tiene las facultades para ello; pero la relación del Estado mexicano con los periódicos es históricamente muy diferente, y por lo menos desde mediados del siglo XIX rige la idea de que “la prensa se combate con la prensa”, y paulatinamente se fue estableciendo una regulación que evita el surgimiento de anónimos e identifica a las casas editoriales. Pero ha sido precisamente ahí donde, ante la caída del mercado de las publicaciones en papel, las empresas sobrevivientes se han autoimpuesto un mayor rigor en cuanto a sus reportes de noticias y escritos de opinión; incluso algunas ya han incorporado la figura del defensor del público lector. Entonces, sí hay una responsabilidad de ofrecer información veraz, oportuna, verificable, y no sacada de contexto o de plano falsa, y las audiencias tienen todo el derecho a exigirla.
Edición: Fernando Sierra
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