Vulcan: victoria de México

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial desestimó casi todas las reclamaciones que Vulcan Materials mantenía contra México desde 2018 al amparo del extinto TLCAN, y sólo le otorgó una indemnización por 15 millones de dólares frente a los mil 900 millones que la empresa exigía. Este monto, calificado por la firma estadunidense como insignificante, corresponde a la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica, su filial local) efectuada en enero de 2018.

El fallo representa un gran triunfo para el Estado mexicano, cuya importancia aumenta al considerar que este tipo de instancias están diseñadas para favorecer los intereses corporativos y vulnerar la soberanía de las naciones. Sin embargo, es difícil que ponga fin a las ambiciones de Vulcan para seguir enriqueciéndose a expensas de México: además de que las partes pueden solicitar la nulidad de la resolución, la compañía ha cabildeado ante el Congreso y el gobierno de Estados Unidos para que se involucren de manera directa. En diciembre pasado, 35 legisladores republicanos urgieron al presidente Donald Trump para que presione a su homóloga Claudia Sheinbaum a entablar “negociaciones de buena fe” con la empresa. En un contexto en que el magnate y su gabinete están a la caza de pretextos para interferir en los asuntos internos de México, existe un riesgo real de que los reclamos de Vulcan den pie a chantajes arancelarios u otras modalidades de extorsión.

La historia de esta empresa en nuestro país es un ejemplo de cuánto daño puede hacer una medida neoliberal décadas después de haber sido aplicada. El ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) ordenó vender a Vulcan mil 200 hectáreas en las costas de lo que hoy conforma la Riviera Maya, y le otorgó los permisos de extracción de materiales pétreos a fin de que ésta construyera un puerto que mejorase la conectividad con la isla de Cozumel, pese a que la Constitución prohíbe (y prohibía entonces) de manera expresa el dominio directo sobre tierras y aguas por parte de extranjeros en una faja de 50 kilómetros desde las playas. Los permisos otorgados en el sexenio de De la Madrid, encargado de inaugurar el modelo neoliberal en México, todavía consideraban algunas salvaguardas de la soberanía y los intereses nacionales: por ejemplo, establecía que el Estado “en cualquier momento podrá declarar sin efectos la concesión cuando así lo exija el interés público”, además de fijar una vigencia de 20 años a la licencia.

Estos límites a la voracidad corporativa fueron eliminados por Carlos Salinas de Gortari, quien privó al país del uso de ese puerto que por ley pasaría a pertenecerle, prorrogó la concesión por 30 años (los cuales vencieron en 2024) y borró la posibilidad de que el interés público se sobreponga al lucro privado. Esas decisiones convirtieron una extensión de selva de enorme valor turístico, ecológico y estratégico en un agujero de donde se extraen minerales que ni siquiera son aprovechados en México, sino que se envían directamente a Estados Unidos.

En 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió las actividades porque la empresa extraía más volumen del autorizado. Posteriormente, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador intentó llegar a un entendimiento con Calica, pero la empresa burló una y otra vez los acuerdos, por lo que en mayo de 2022 clausuró sus operaciones y en 2024 declaró área natural protegida la zona en disputa. Cabe señalar que antes de tomar esta decisión, ofreció a Calica comprarle los terrenos, pero ésta se negó, evidenciando que no está dispuesta a ningún trato “de buena fe”. Para entonces, la Profepa había constatado un deterioro grave del ecosistema, con la destrucción de cenotes y la contaminación de ríos subterráneos. Asimismo, se sospecha que la compañía devastó patrimonio arqueológico sin dejar rastro.

Las dificultades para recuperar el territorio indebidamente entregado a Vulcan, el abuso y la sobrexplotación que la empresa hizo de los recursos naturales, sus intentos de desfalcar al Estado mexicano y la injerencia extranjera que invoca en defensa de sus intereses ilegítimos constituyen una lección acerca de los peligros de atraer “inversiones” a cualquier costo y de abrir el país a capitales foráneos sin las salvaguardas debidas para la soberanía nacional, el medio ambiente y el bien común.

Edición: Ana Ordaz