Ayotzinapa: oportunidad de avanzar

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero por ser presunto responsable de ocultamiento de evidencia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo con la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, en enero y mayo de este año, dos testigos protegidos confirmaron la existencia de grabaciones y uno de ellos indicó que Aguirre ordenó, “en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno”, destruir toda evidencia del momento en que “el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala” al ser detenido por policías municipales y estatales.

Godoy aseguró que la Fiscalía “cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel”, y que “lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”.

Aguirre Rivero llegó a la gubernatura con las siglas del PRD en 2011, pero no concluyó su periodo porque se vio obligado a renunciar un mes después de lo ocurrido en Iguala en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. En 2022, el entonces presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, aseguró que el ex mandatario estatal figuraba entre los responsables de implementar la llamada “verdad histórica”, la fabulación con que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó dar por cerrado el caso y que fue desmentida por datos forenses y revelaciones de siembra de evidencias por parte de Tomás Zerón. Éste, quien dirigía la Agencia de Investigación Criminal, se encuentra prófugo bajo el cobijo del régimen israelí.

Cabe congratularse por esta detención en la medida en que abre una nueva esperanza de avanzar en un caso estancado por una exasperante serie de dificultades. Debe recordarse que, en los primeros días tras la desaparición de los jóvenes, las autoridades federales se resistieron a reconocer los hechos y a ordenar una investigación, con lo que dieron tiempo más que suficiente para que los autores materiales cubrieran sus actos. Cuando la extinta Procuraduría General de la República finalmente atrajo el caso, fue evidente que su interés no era resolverlo, sino limitar los daños políticos del que rápidamente se convirtió en el episodio más emblemático de violación a los derechos humanos a escala nacional en décadas. La negligencia y la mala praxis de las autoridades sabotearon la investigación de varias maneras; por ejemplo, las torturas contra varios acusados fueron consideradas motivo para ponerlos en libertad. La entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, está detenida por destrucción de evidencias. Además, los testimonios de los sicarios y cabecillas que han estado o permanecen detenidos chocan entre sí, pues se culpan unos a otros. Hasta ahora, no se dispone de evidencia documental suficiente que permita superar esta situación en que los hechos se reconstruyen a partir de la palabra de unos delincuentes contra la de otros. En los casi 12 años transcurridos desde la tragedia, han muerto más de 20 presuntos implicados, incluido uno de los líderes máximos del grupo criminal Guerreros Unidos, principal responsable de la desaparición de los normalistas.

En estos momentos, las principales preguntas que deben responderse son a quiénes y por qué estaba encubriendo el ex gobernador Aguirre cuando pidió que le entregaran las grabaciones y ordenó destruirlas. Las respuestas a estas cuestiones podrían echar luz sobre las personas que ordenaron y perpetraron la desaparición de los jóvenes y conducir al esclarecimiento de su paradero, demanda central de los familiares y de la sociedad mexicana.

Edición: Emilio Gómez