Aguirre y Moreno: golpes a la impunidad

Un juez de control adscrito al centro de justicia del penal federal de máxima seguridad de El Altilplano determinó vincular a proceso penal al ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero por el delito de desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El togado consideró que las pruebas presentadas por la defensa del ex mandatario estatal no desacreditan los señalamientos de que Aguirre Rivero ordenó ocultar y destruir evidencias de lo acontecido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando policías municipales y miembros del crimen organizado desaparecieron a 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Por otra parte, esta semana fueron detenidas dos personas del entorno del senador Alejandro Moreno Cárdenas: Luis Antonio Espinosa Campos, contador de su hermano Emigdio Moreno Cárdenas, y Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue director de la Unidad de Comunicación Social de Campeche cuando la entidad era gobernada por Alito. Espinosa fue fundador de Mayavisión, televisora que recibió 97 millones de pesos de la administración de Moreno Cárdenas, de los cuales al menos 36 millones corresponden a pagos irregulares. Además, es representante legal de otras compañías creadas por Emigdio Moreno, de quien recibió “préstamos” por 27 millones de pesos entre 2020 y 2024. Medina Hernández habría operado junto con Espinosa para desviar 36 millones de pesos de dinero público mediante empresas que facturan operaciones simuladas (las conocidas como factureras).

Los tribunales deberán determinar la inocencia o culpabilidad de los tres acusados, pero es indudable que estas noticias representan avances para la justicia. En cuanto a Aguirre Rivero, la vinculación implica que deberá continuar su proceso en prisión, lo cual reduce el riesgo de fuga y es motivo de alivio para los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa. En lo que respecta al contador Espinosa y al ex funcionario Medina, está claro que sus detenciones no sólo impactan en su situación personal, sino en las perspectivas de comprobar el enriquecimiento ilícito que desde hace años se imputa al líder nacional del PRI. En este sentido, la fortuna de Emigdio Moreno no se explica sino presumiendo una función de prestanombres de su hermano, quien a su vez tiene mucho que explicar en cuanto al origen de su propia riqueza: en 2025, declaró que sus ingresos ascendieron a 611 mil pesos y que éstos provinieron en su totalidad de su cargo en el Congreso; es decir, que no tuvo ningún tipo de actividad empresarial o financiera.

En su periodo como gobernador (2015-2019) tuvo un sueldo de alrededor de 120 mil pesos mensuales, con los cuales es imposible justificar un patrimonio que incluye una mansión cuyo valor se estima en 300 millones de pesos, así como vehículos de lujo (uno sólo de los cuales cuesta 10 millones de pesos) y otras excentricidades. También destaca su aparente talento para hacerse de inmuebles a precio de remate: en su declaración patrimonial asegura haber adquirido un terreno de 39 mil 215 metros cuadrados en 155 mil pesos y otro de 265 mil 201 metros cuadrados a 20 mil pesos, lo cual significaría que pagó el metro cuadrado a 3.94 y 0.075 pesos, respectivamente.

Dado que el caso Ayotzinapa se remonta a 2014 y las sospechas de enriquecimiento ilícito de Alejandro Moreno existen desde hace al menos una década, resulta notoria la lentitud de la justicia para establecer o deslindar las responsabilidades de los ex gobernadores y sus posibles cómplices. Con todo, sin duda resulta saludable que se recaben nuevas evidencias en ambos casos y que se abran oportunidades para acabar con la impunidad.

Edición: Emilio Gómez