Opinión
La Jornada Maya
24/08/2026 | Mérida, Yucatán
En estos momentos, el panorama político de Sinaloa no parece halagüeño. La intentona de Rubén Rocha Moya por regresar al gobierno de esa entidad, del que se separó tras la petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que fuera arrestado y entregado a ese país por presuntos vínculos con el crimen organizado, desajustó el delicado equilibrio que quedó tras la primera solicitud de licencia de Rocha Moya.
El Congreso sinaloense inició este lunes 24 de agosto un período extraordinario de sesiones que debe desahogar, entre otros asuntos, el nombramiento de un interino. Sin embargo, tanto la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación como la del Pleno fueron suspendidas. La fricción entre las bancadas es fuerte, con prácticamente todas las representaciones exigiendo que la de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no participe ni con propuestas de candidatos, ni con su voto, lo que supondría una completa anomalía y dejaría sumamente débil a quien quede como titular del Ejecutivo.
El tema no es menor. Quien obtenga al menos 21 votos del Congreso sinaloense deberá completar el período para el que Rocha Moya fue electo, al que le faltan un año y dos meses para concluir. Tampoco puede distraer por más tiempo a esa soberanía, ya que la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sí podría resultar en una crisis más grave, que potencialmente conduzca a la desaparición de poderes en Sinaloa.
Ahora, la composición del Congreso debe cambiar de lógica si se pretende destrabar el tema del interinato: varios de quienes integran la bancada de Morena, siguiendo los usos y costumbres de la política mexicana, llegaron a la Cámara con el visto bueno de Rocha Moya. Sin embargo, en este momento están obligados a romper cualquier vínculo con el gobernador con segunda licencia, pues prácticamente se ha hecho imposible su retorno a la vida política, toda vez que, por las acusaciones de Estados Unidos, se encuentra en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que habría sido un problema con los bancos, si una operación hubiese requerido su firma o autorización; es decir, el funcionamiento del gobierno habría sido imposible.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que no le parecía pertinente el retorno de Rocha Moya a ejercer sus funciones, muy probablemente ya contaba con información de las dificultades institucionales que crearía esta situación. A esto agregó algo que para la generalidad de la ciudadanía le parece utópico: quien resulte interino deberá ser “una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere”.
Pero la responsabilidad de tomar la mejor decisión para Sinaloa está en manos de su Congreso, y el aplazamiento de ayer parece indicar que será difícil que se llegue a un gran acuerdo, que sería lo más deseable. En cambio, lo más probable es que se tenga el mejor acuerdo, con una variable que depende de las autoridades federales: el destino de Rocha Moya tras la detención de Fausto Corrales Rodríguez.
La mejor decisión también la tendrá que tomar el gobierno mexicano, y el reciente acercamiento con el gobierno de Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado parece indicar que la extradición es cada vez más posible. Sin embargo, en política no existen los momios, y mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga abiertas las carpetas de investigación, las opciones más fuertes parecen ser prisión en México o entrega al vecino, mientras que permanecer impune se antoja cada vez más difícil.
Edición: Estefanía Cardeña
