Opinión
Fernando Gallegos
31/08/2026 | Mérida, Yucatán
Los datos más recientes del mercado laboral mexicano, publicados por el INEGI, mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) presentan una aparente paradoja. Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desocupación nacional fue de apenas 2.7%; sin embargo, 55.1% de la población ocupada trabajó en condiciones de informalidad. Más de la mitad de quienes tienen empleo carecen de un vínculo laboral que garantice plenamente derechos y protección social.
El problema, entonces, no consiste solamente en generar empleo, sino en preguntarnos qué tipo de empleo está generando nuestra economía y qué capacidad tienen las instituciones para convertir ese trabajo en bienestar social.
Los datos de la ENOE permiten identificar dos problemas estructurales: la persistencia de la informalidad y baja participación laboral de las mujeres. Esta última fue de 45.9%, frente a 74.1% de los hombres: una brecha de 28.3 puntos porcentuales. Cerca de 1.86 millones de mujeres tienen interés de trabajar, pero enfrentan condiciones que se lo impiden, frente a 481 mil hombres. La discusión trasciende así el funcionamiento del mercado laboral e involucra la disponibilidad de servicios de cuidado, la distribución del trabajo no remunerado y políticas que permitan conciliar la vida laboral y familiar.
La informalidad, por su parte, permanece como uno de los principales desafíos económicos del país: entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 aumentó de 54.8% a 55.1%. Además, el ingreso laboral promedio mensual muestra una diferencia considerable: 15,136 pesos entre los trabajadores formales frente a 8,363 pesos entre quienes se encuentran en la informalidad.
¿Qué ocurre cuando observamos este panorama en la Península de Yucatán?
Las diferencias son considerables. En Campeche la informalidad alcanza 61.4% de la población ocupada y en Yucatán 59.1%, ambos por encima del promedio nacional. Quintana Roo presenta una situación distinta, con 45%. Sin embargo, existe un elemento común: la informalidad aumentó en los tres estados durante el último año. Campeche pasó de 59.8 a 61.4%; Yucatán de 58.6 a 59.1% y Quintana Roo de 43.9 a 45%.
La dimensión de género refuerza esta preocupación. Yucatán presenta actualmente la mayor brecha de informalidad laboral entre mujeres y hombres: las tasa entre mujeres y hombres supera en 7.68% puntos porcentuales a la de los hombres. Campeche, por su parte, registra una de las mayores brechas nacionales en puestos de trabajo registrados ante el IMSS: existen aproximadamente 50 mujeres por cada 100 hombres registrados.
Estas cifras deberían llevarnos a una discusión sobre gobernanza. La informalidad no puede entenderse exclusivamente como una decisión individual del trabajador ni como un resultado espontáneo del mercado. También expresa la capacidad, de las instituciones para articular políticas laborales, económicas, fiscales, sociales y de cuidados.
Campeche, Yucatán y Quintana Roo poseen estructuras productivas diferentes. Precisamente por ello, una política de formalización requiere algo más que una solución uniforme diseñada desde el centro: necesita coordinación entre niveles de gobierno, conocimiento de las particularidades territoriales y capacidad institucional para transformar la actividad económica en mejores condiciones de vida.
Una tasa de desocupación de 2.7%, entonces, no significa necesariamente que el mercado laboral funcione bien. Si más de la mitad de quienes trabajan en México permanecen en la informalidad, el desafío no consiste únicamente en crear más empleos.
Sino en generar las condiciones institucionales para avanzar hacia su formalización.
La gobernanza también se mide por la capacidad de convertir el trabajo en derechos, seguridad social y oportunidades. Porque tener trabajo importa, pero también importa qué clase de trabajo estamos generando y para quién.
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Edición: Ana Ordaz
