La ley y las rodillas

Con la publicación de la primera versión de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente inició la todavía joven historia de la legislación ambiental mexicana. Aunque la secretaria del ramo, en una entrevista radiofónica, al parecer minimizó el hecho de que esta ley sufrió una profunda modificación durante el año de 1996, tras un esfuerzo legislativo que duró alrededor de dieciocho meses de estudios especializados, considerándolo una serie de “parches”. La Doctora Alicia Bárcena anunció la formulación de una nueva iniciativa que, de aprobarse y convertirse en ley, será un nuevo hito en la vida de la LGEEPA. Nadie duda de la importancia de este esfuerzo: las circunstancias por las que atraviesa el medio ambiente global, los ecosistemas en nuestro territorio nacional y el patrimonio natural de los mexicanos se han modificado veloz e intensamente, y el marco jurídico con el que se contaba ya no resultaba suficiente; sin embargo, la iniciativa tiene algunas deficiencias e imprecisiones si se persigue su publicación con la premura con que se ha sometido a consideración del legislativo.

Con base en lo dicho por Bárcena durante una Mañanera y en la mencionada entrevista, destaco algunos puntos: es un acierto indiscutible incluir en la ley lo correspondiente al cambio climático global, aunque la secretaria describió en la entrevista muy vagamente y con cierta imprecisión lo que debemos entender como adaptación y no mencionó qué pretende establecerse en la ley en términos de mitigación. Esto puede resultar importante, por el hecho de que una estrategia de mitigación implica la reducción de las causas, lo que incluye la disminución o suspensión de los procesos que incrementan la emisión de gases de efecto invernadero. Esto entrañaría un cambio radical en el modelo de desarrollo que se siga en el país, especialmente en cuanto a la generación y consumo de energía.

La funcionaria considera novedosas algunas propuestas que, o ya estaban en el arreglo jurídico e institucional de la política ambiental, o se encuentran incluidas en acuerdos internacionales firmados por nuestro país desde hace tiempo, y ratificados por el Senado. Es el caso de las áreas privadas destinadas voluntariamente a la conservación, que llevan años implementándose como una categoría de área protegida; y las denominadas OMEC (otras áreas destinadas a la conservación, que no gozan de alguna de las categorías de área protegida definidas por ley) y que incluyen zonas como las unidades para la conservación y manejo de especies en vida silvestre (UMA) o las áreas forestales permanentes, que pueden contribuir al establecimiento de corredores biológicos sin exigir la emisión de decretos oficiales y contribuirían a alcanzar el objetivo 30-30, para que sea destinado a la conservación de ecosistemas, especies y servicios ambientales el 30% del territorio nacional. Estas propuestas tienen costos superiores a los recursos asignados año con año a la Conanp, que además tienden a disminuir también anualmente. No basta con decir que se utilizarán los recursos de la Conabio (que deberían dedicarse a los fines para los que fueron originalmente destinados, y no desviarlos a rellenar los huecos presupuestarios de la administración de áreas protegidas), o sugerir que se pueden conseguir recursos del exterior a través de organizaciones de la sociedad civil.

Quedan abiertas otras preguntas: ¿Qué pasa con lo comprometido al firmar el acuerdo de Escazú? Si las consultas a los pueblos originarios se van a ceñir a los lineamientos de la OIT, ¿qué organismo cargará con los gastos que esto implica?, ¿cómo se relaciona esta nueva ley con la de aguas, la de vida silvestre o la forestal? Si se va a proteger a los polinizadores, ¿cómo se va a garantizar que la presencia de monocultivos comerciales no entrañe el uso de plaguicidas que los perjudiquen? Estas y muchas otras preguntas se habrían ventilado de haberse llevado a cabo un proceso de consulta escrupuloso y amplio, cosa que a mi entender no ha sucedido.

¿Cuál es la prisa? Ahora se nos dice que el Ejecutivo ya hizo su trabajo, que toca al congreso deliberar y que ojalá lo haga convocando un parlamento abierto (¿Qué, substituiría la consulta que ya no aconteció?) Da la impresión de que se está legislando sobre las rodillas, con la premura de pasar una ley antes de que atravesemos por un año electoral que podría cambiar el actual arreglo partidario en el legislativo. Se ser así, se está perdiendo la oportunidad de generar una iniciativa robusta, capaz de convocar al voto unánime, independientemente de afinidades políticas. Una ley de protección al ambiente se presta a ello. Habría que bajar la velocidad y volver al escritorio y a las consultas.

Edición: Ana Ordaz