Opinión
Nalliely Hernández
02/09/2026 | Mérida, Yucatán
El tema de los lineamientos para defender los derechos de las audiencias en radio y televisión ha sido uno de los asuntos más debatidos en las últimas semanas. Estos, entre otras cosas, plantean la necesidad de un Comité y código de ética, además de un Defensor de las audiencias que sean elaborados y designados, respectivamente, por el propio medio sin estar sujetos a la validación o revisión previa del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Tales lineamientos han sido cuestionados por los propios medios, muchos de los cuales los interpretan como un posible medio de censura. En particular, en su programa La hora de opinar, Leo Zuckermann debatió hace unos días al respecto con los analistas Vanessa Romero y Carlos Bravo. Como bien señaló la primera, los lineamientos tratan de concretar la idea de que el derecho a la información debe ser defendido en el mismo nivel que la igualdad de expresión. La ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz, contextualizada y diferenciada de la opinión, tanto como los medios de expresarse, ya que estos asumen una responsabilidad social.
La situación representa un caso que, a primera vista, muestra una tensión entre dos derechos que podrían contraponerse: el de un medio de expresar sus opiniones con libertad, y el del público a no ser engañado con propaganda o interpretaciones que pasan por información. Así, se abre una discusión indispensable que intenta responder preguntas fundamentales: ¿Cómo se hacen efectivos estos derechos sin censurar?¿Cada medio puede tener una línea editorial con libertad absoluta?¿Cuál es el límite?
La perspectiva del politólogo y analista Leo Zuckermann se resume en una total libertad de expresión en la que, en sus palabras: “uno se hace responsable de su opinión y simplemente ‘paga’ cuando se equivoca”, como cuando el montaje del caso Florence Cassez transmitido por Televisa finalmente salió a la luz y tuvo un costo para la empresa.
No obstante, me parece que esta posición resulta equivocada e irresponsable por dos razones. La primera es que ningún valor del liberalismo puede considerarse absoluto sin consecuencias indeseables. Si bien es cierto que una idea central de las sociedades liberales es que se debe proteger el derecho a expresar y difundir ideas aun si estas son críticas o incómodas, este derecho también está sujeto a límites relacionados con la dignidad y los derechos de otras personas, la vida privada o la promoción de la violencia, por poner algunos ejemplos.
La segunda razón, señalada por la propia Vanessa, consiste en tratar la información de un medio público que utiliza el espectro radioeléctrico como una mercancía: si se comete un error, basta con pagar el costo, como si se tratara de un bien sujeto a un simple intercambio. Por el contrario, entenderla como un bien público fundamental para la toma de decisiones democráticas implica una responsabilidad moral de quien la difunde. En este sentido, resulta sorprendente que al conductor le desconcierte la exigencia de crear comités de ética, como los existentes en universidades, hospitales y otras instituciones públicas para dirimir conflictos y proteger los derechos de las personas involucradas.
Análogamente, Carlos Bravo invocó la frase del filósofo Richard Rorty “cuidemos la libertad que la verdad se cuidará sola” para advertir que proteger la verdad mediante el poder estatal puede conducir al abuso y cuestionar la regulación del acceso a la información; sin embargo, esta interpretación resulta equivocada o incluso tramposa, pues desvirtúa el sentido original de la frase.
El contexto de esta frase se sitúa en la discusión de Rorty con diversos filósofos sobre la necesidad de una teoría filosófica de la verdad fundada en principios metafísicos universales. Frente a ello, Rorty sostiene que la verdad surge del diálogo y que son las condiciones éticas y políticas las que garantizan la formulación de afirmaciones justificadas. En consecuencia, una sociedad liberal debe procurar las condiciones éticas del diálogo público, precisamente lo que buscan los lineamientos.
En definitiva, los Estados deben garantizar derechos informativos regulando la veracidad de los contenidos sin interferir en las líneas editoriales. Como demostró el caso Cassez —donde la falta de normas causó graves daños judiciales y tardó en generar consecuencias para los responsables—, las instituciones están obligadas a fijar reglas claras para evitar la desinformación y no parece que un mundo sin ellas pueda garantizarlo.
*Profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara.
Edición: Ana Ordaz
