Opinión
La Jornada
02/09/2026 | Ciudad de México
Al presentar su segundo Informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció datos verificables que ilustran el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el pueblo de México y el acierto del proyecto de nación que lleva adelante. Quizá el avance más significativo para los ciudadanos sea la disminución de 51 por ciento en los homicidios dolosos y la caída generalizada en delitos de alto impacto. Aunque aún se está lejos de alcanzar niveles de seguridad aceptables, es innegable que hoy las vidas y el patrimonio de los habitantes se encuentran mejor protegidos que hace dos años, y mucho mejor de lo que estaban a finales de 2018.
Las cifras también hablan de cambio en otros rubros. El salario mínimo ha tenido una recuperación de 154 por ciento en términos reales desde 2018, y por primera vez los llamados trabajadores de aplicación gozan de derechos laborales. La inversión extranjera directa se encuentra en niveles récord; la tasa de desempleo es de apenas 2.7 por ciento (en Estados Unidos, como referencia, el indicador respectivo es 4.1); la inflación ya está dentro del rango objetivo del banco central; el peso se ha apreciado por segundo sexenio consecutivo y el turismo vive un auge con 51 millones de viajeros internacionales en el primer semestre.
Los Programas para el Bienestar movilizan un billón de pesos que llegan a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes. Todos los estudiantes de escuelas públicas –desde primaria hasta bachillerato– reciben becas, y existe la intención de llevar este apoyo a quienes cursan estudios universitarios. Este año se habrán creado 156 mil nuevos lugares en educación media superior. La Universidad Nacional Rosario Castellanos contará con 13 nuevas unidades académicas en todo el país con 119 mil 280 estudiantes. Las Universidades del Bienestar Benito Juárez ya tienen 285 mil alumnos en 239 campus.
La mandataria se fijó como meta sexenal agregar al sistema de salud 9 mil camas, más del doble de las integradas en 36 años de neoliberalismo. Ya se asignaron 90 mil viviendas a familias con ingresos inferiores a 2.9 salarios mínimos; 278 mil más están en construcción y se aspira a entregar un millón 800 mil. Los pueblos indígenas y afromexicanos fueron reconocidos como sujetos de derecho público en el segundo artículo de la Constitución, un cambio que no es sólo simbólico: en dos años se han entregado 25 mil millones de pesos a las comunidades para que ellas decidan cómo utilizarlos mediante sus propias formas de gobierno. Avanza la reconstrucción de la red de ferrocarriles de pasajeros, “sello de la Cuarta Transformación de la vida pública”.
Está claro que todo gobernante busca destacar los puntos fuertes de su administración y elige los indicadores que más le favorecen. Sin embargo, el Informe de la presidenta Sheinbaum refleja mucho más que números: en sus énfasis, sus evocaciones, la elección de sus palabras y los destinatarios de su mensaje transmite con coherencia una idea central: la consolidación de un proyecto que no es de una persona ni de un grupo, sino de la sociedad en su conjunto. Al hablar de la austeridad republicana, de la separación entre el poder político y el económico, al hacer suya la máxima de que “por el bien de todos, primero los pobres”, o al señalar que ha visitado las 32 entidades del país, la mandataria no sólo reafirma la continuidad ofrecida cuando pidió el voto, sino que también recuerda a seguidores y opositores que México vive un cambio de paradigma y que los dogmas del libre mercado han dado paso a una economía social en la que la justicia no es una abstracción, sino un derecho cuyo garante es el Estado.
Una frase sintetiza el vuelco en la concepción de la función pública: “no podemos esperar que los beneficios del crecimiento lleguen por sí solos a todas las familias; el Estado tiene una responsabilidad rectora: planear e impulsar el desarrollo, garantizar los derechos sociales, fortalecer una distribución justa de la riqueza”. En efecto, está demostrado que, librados a su arbitrio, los mecanismos de mercado enriquecen a pocos a expensas de las mayorías, y hacer valer los derechos humanos ya no se entiende como una dádiva del Estado, sino como “una forma de reconocer la dignidad y el esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos”.
Edición: Estefanía Cardeña
