Ofensiva continental

La derecha extrema se empeña en demostrar que el uso de la violencia –simbólica o directa– sigue siendo uno de sus métodos preferidos para acometer asuntos de la vida pública y privada. Así lo pone de manifiesto el arresto del publicista argentino Fernando Cerimedo en Bolivia, implicado en el ataque armado en contra de su ex pareja Nadia Beller a mediados de agosto pasado. Esta tentativa feminicida ha traído varias revelaciones de orden político que encajan con claridad y exponen un mapa preciso de los agentes que promueven los intereses del gobierno estadunidense en América Latina. Se advierte con nitidez el entramado que conecta los centros de poder yanqui con portales electrónicos que, junto con innumerables cuentas de perfiles falsos, alientan campañas electorales de figuras retrógradas y arrecian injurias dirigidas a fuerzas de orientación progresista y democrática.

Pese a que en México muchos medios electrónicos e impresos minimizan esta clase de noticias en una actitud comprensible que delata afinidades ideológicas con posiciones conservadoras, los hechos señalados y sus efectos han llegado mucho más allá de la ominosa red de subordinaciones y servicios prestados en esa línea de agresiones mercenarias, abarcando la perpetración de otros ilícitos que comprometen a personajes que ocupan cargos prominentes en la estructura de los gobiernos instalados merced a maniobras espurias, tal es el caso de transacciones turbias con valores diversos y venta clandestina de combustible en medio de una escasez que, en el contexto boliviano, afectó a muchos ciudadanos. No es aventurado inferir que tras otros acuerdos de este cariz, subsistan delitos y prácticas irregulares que ameritan ser atraídos por el brazo de la justicia. En lo que toca a los procesos electorales, el ex mandatario de Colombia, Gustavo Petro, ha planteado la necesidad de investigar las acciones de los operadores de la ultraderecha en los resultados de los recientes comicios presidenciales en su país.

Es útil tener presente que las innovaciones tecnológicas obran bajo el control de corporaciones transnacionales que sólo buscan multiplicar sus ya cuantiosas ganancias y dejan de lado cualquier consideración ética. Su voracidad suplanta las necesidades reales de las mayorías y satura las conciencias con distractores y contenidos que anulan su voluntad de edificar alternativas que se sobrepongan a las exigencias del mercado. Lo que muestra una vez más la propaganda inescrupulosa, como la que de manera colateral puso en evidencia el intento de feminicidio que involucra a Cerimedo, es que los recursos digitales ejercen un poderoso influjo sobre la conducta y las decisiones de las personas, y que tras el manto cibernético proliferan delincuentes y operadores políticos que se valen de él para dañar y dividir a las colectividades, mermando su capacidad de pugnar por la defensa de sus derechos.

Esta vulnerabilidad recae sobre la población de todos los países latinoamericanos, y México, que no se suma al bloque inclinado con servilismo a Estados Unidos, representa un objetivo en la agenda intervencionista. La derecha presuntamente moderada preferirá hacer alianzas con quienes se desenvuelven en el extremo de esta tendencia política con tal de desplazar a un adversario que le hace sombra. Es un riesgo que entraña agravar problemas sociales y ambientales, desarticular los movimientos que reivindican derechos de la clase trabajadora y abrir la puerta al saqueo indiscriminado de recursos en beneficio absoluto del capital corporativo, tal como lo viven Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Honduras y una larga lista de naciones que padecen el mandato de verdugos de las aspiraciones legítimas de sus gobernados, que además accedieron a la presidencia de sus países mediante tácticas abusivas y con patrocinio extranjero.

En tal sentido, ha de examinarse la irrupción de un partido en México que, al ser conminado por el Instituto Nacional Electoral a cambiar de imagen y de nombre, incurrió en desacato haciendo ajustes formales que dejan intacto el fondo semántico que les fue objetado; cabe preguntarse qué confianza puede depositar la ciudadanía en un organismo que desde el proceso mismo de gestionar su registro legal exhibe el talante deshonesto de sus dirigentes y asesores, cuyo historial oscuro ratifica la doblez de sus propósitos y de sus actos.

Edición: Estefanía Cardeña