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Foto: Presidencia

En el Segundo Informe de Gobierno, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación aparecen vinculadas a una idea que merece atención: construir capacidades nacionales para atender problemas estratégicos. Proyectos como Olinia, Kutsari, Ixtli, Quetzal o la supercomputadora Coatlicue muestran una política que busca asociar conocimiento, soberanía tecnológica y desarrollo.

Pero quizá lo más interesante no esté solamente en los proyectos anunciados, sino en la concepción de política pública que comienza a dibujarse. La ciencia no se plantea únicamente como generación de conocimiento, sino también por su capacidad para contribuir a los problemas nacionales. Ello no desmerece la investigación básica o de frontera —indispensable para ampliar las fronteras del conocimiento y sostener desarrollos futuros—; plantea un sistema donde distintas formas de conocimiento puedan contribuir, desde sus ámbitos, al desarrollo del país.

La pertinencia importa: salud, agua, energía, alimentación, cambio climático, biodiversidad o desarrollo tecnológico requieren conocimiento científico, pero también capacidades para vincular disciplinas, instituciones, gobiernos, sectores productivos y comunidades.

Ahí aparece otra dimensión central de las políticas públicas: la gobernanza. El Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030 plantea fortalecer la coordinación intergubernamental y la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria para atender prioridades nacionales. En esta lógica se inscribe la Red ECOS, orientada a articular capacidades de universidades, Centros Públicos de Investigación, gobiernos y otros actores.

Esta perspectiva cobra especial relevancia en la península de Yucatán y el sureste. El agua subterránea, la energía, la salud, los sistemas agroalimentarios, la biodiversidad, el cambio climático o fenómenos como el sargazo desbordan límites estatales y administrativos. A la vez, existen universidades, centros de investigación, instituciones públicas, sectores productivos y comunidades con conocimiento y experiencia acumulados. El reto no siempre es crear capacidades desde cero, sino lograr que las existentes se encuentren, complementen y trabajen sobre problemas compartidos.

Eso es gobernanza, pero crear redes no la produce automáticamente. Se requieren objetivos comunes, reglas de coordinación, recursos, información compartida, diálogo, capacidad de decisión y mecanismos de evaluación. También importa que los territorios no sean sólo lugares donde se ejecutan decisiones tomadas desde el centro, sino participantes en la identificación de problemas y construcción de agendas.

Hay, además, una condición insoslayable: la inversión. El Informe reporta incrementos de 193 por ciento en apoyos a proyectos de investigación científica, 70 por ciento en becas al extranjero y 23 por ciento en estancias posdoctorales. Son señales relevantes, pero su verdadero alcance deberá observarse en el tiempo: si consiguen traducirse en infraestructura, formación y estabilidad de talento, proyectos de largo aliento y capacidades institucionales que permanezcan. La transformación de una política científica requiere orientación, articulación y también recursos sostenidos.

Un proyecto anunciado no constituye todavía una capacidad consolidada, como tampoco una red instalada demuestra por sí misma colaboración efectiva. Una política pública adquiere valor cuando puede mostrar qué capacidades dejó instaladas, qué problemas contribuyó a resolver y qué aprendizajes institucionales produjo.

El Segundo Informe permite observar, así, una orientación que vale la pena seguir: fortalecer la ciencia y, simultáneamente, articular el conocimiento distribuido en instituciones y territorios para contribuir a las prioridades del país.

Quizá ésa sea una buena pregunta para los próximos informes: no sólo cuántos proyectos se anunciaron, cuántas redes se integraron o cuánto aumentaron los recursos, sino si esa inversión y colaboración están transformando, de manera sostenida, las capacidades científicas del país y de sus regiones para afrontar colectivamente sus desafíos.

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Edición: Emilio Gómez


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