Opinión
La Jornada Maya
14/09/2026 | Mérida, Yucatán
Uno de los principales programas que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo es el de Vivienda del Bienestar, mediante el cual se busca que trabajadores que no ganen más de dos salarios mínimos o que laboren de forma independiente, puedan acceder a una propiedad inmueble; algo que en las últimas décadas fue haciéndose cada vez más difícil, tanto por la inflación como por el esquema de financiamiento oficial y porque se abandonó la construcción destinada a ese sector de la población.
La presidenta fijó, este lunes, la meta para el fin de su sexenio: beneficiar a 12 millones de familias con el programa de vivienda, lo que implicará construir 1.8 millones de edificaciones, lo cual ya se está llevando a cabo e incluso ya se han entregado a las primeras en prácticamente todos los estados del país.
La intención del programa es de justicia social elemental: que toda persona, independientemente de sus ingresos, pueda hacerse de un espacio propio y que eventualmente deje de ser vulnerable ante la presión del mercado inmobiliario, que en varias ciudades, como Mérida, está disparando las rentas con tal de favorecer el alquiler de corto plazo con fines turísticos.
El precio de las viviendas, mayormente departamentos, suele estar por debajo del millón de pesos, lo que las vuelve bastante accesibles para el sector al que están dirigidas, aunque esto siempre depende de que quienes las adquieran cuenten con estabilidad laboral y con el esquema de financiamiento prometido.
A la fecha, según ha indicado la presidenta, ya se contrataron 600 mil viviendas, lo que equivale a la tercera parte de lo proyectado. Todo parece indicar que, de mantenerse el ritmo, se alcanzará la meta en cuanto a construcción, y en todo caso, quedaría pendiente la conclusión de algún desarrollo, o los acabados en otros, pero lo único que podría quedar comprometido es la entrega de un cierto número de apartamentos para 2030, que podría concluir en el primer trimestre de 2031, más por los trámites administrativos que por las obras.
Lo más importante, ha enfatizado Sheinbaum Pardo, “es tener acceso a lo que nosotros consideramos un derecho, que es una vivienda digna”.
Ahora, para evitar que estos desarrollos tengan el mismo destino que otros, de abandono, el programa debe ir acompañado de una reconfiguración del territorio urbano. Los conjuntos habitacionales que se están construyendo se localizan lejos de las zonas que concentran los centros laborales. Así, además de garantizar los servicios básicos, la construcción de complejos de vivienda debe acompañarse de infraestructura como escuelas, clínicas, parques, mercados y, sobre todo, cierta seguridad de que no se requerirá de tardados desplazamientos para llegar a donde se trabaja.
Lo anterior implica una intervención del Estado en la vida económica. Mucho menos directa que las medidas que pudieran dictarse desde la Secretaría de Hacienda o la de Economía, pero sí es una que incidirá en la vida de miles de personas que ya están adquiriendo una propiedad. La acción deberá incidir en el precio de las rentas, al disminuir la demanda, pero también en la redensificación de poblaciones aledañas a las principales ciudades.
De operarse también la cercanía de los complejos a las fuentes de empleo, incluso mediante el establecimiento de rutas del transporte público, no estaríamos muy lejos de un momento del siglo XX en el cual se formaron colonias de trabajadores de un mismo rubro, como hubo de ferrocarrileros y, en Mérida, de empleados de Cordemex. Se escucha utópico, pero ya ocurrió.
Edición: Estefanía Cardeña
