Ayotzinapa y el nuevo informe

Un par de días después de cumplirse 12 años del crimen de Estado cometido contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno Federal dio a conocer un nuevo informe donde se plantean inéditas vertientes de investigación, partiendo, por un lado, del análisis de los registros telefónicos de los celulares de algunos de los normalistas desaparecidos, cuyo rastreo muestra su uso días después del 26 de septiembre de 2014, algo que investigaciones publicadas años atrás ya señalaban, relacionando al menos dos números celulares usados desde el Campo Militar No. 1-A (el complejo castrense más importante del Ejército Mexicano), entre ellos, el celular de Julio César Mondragón, quien fue asesinado y degollado esa fatídica noche. Por ahora, el rastreo de las llamadas ha permitido la identificación de 17 personas, las mismas que son vinculadas con grupos criminales, pero todavía está pendiente el informe de su situación legal y los procesos particulares de cada una de ellas. 

Asimismo, las nuevas líneas se han dirigido al análisis de los posibles hechos en la funeraria "El Ángel", controlada en ese entonces por el grupo criminal Guerreros Unidos, habiéndose informado semanas atrás que en dicha funeraria fue encontrada una bolsa con restos óseos, sin embargo, las autoridades reconocieron como parte del reciente informe que hasta el momento ninguno de los restos analizados corresponde a alguno de los 43 normalistas, pero el énfasis puesto en la funeraria ha vuelto a resaltar una parte de la “verdad histórica” presentada en 2015 por el gobierno de Enrique Peña Nieto, al reabrir la posibilidad de que los estudiantes de Ayotzinapa pudieron haber sido asesinados y posteriormente cremados en un horno clandestino, cuyos restos se habrían esparcido/escondido en zonas circundantes, pues las autoridades también indicaron que ya han realizado registros de campo en diversas zonas. Mientras, al menos siete personas ya fueron aprehendidas por su posible relación con los hechos relacionados con la funeraria y fueron llevadas al penal del Altiplano para los procesos judiciales correspondientes.

A lo señalado en el informe debe sumarse la detención en agosto pasado del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de ocultar información clave sobre el posible paradero de los 43 normalistas, lo que significa un avance en cuanto a la investigación de los responsables materiales e intelectuales del crimen de Estado, pero el silencio sobre las cúpulas más altas del poder en esos años, en específico sobre la responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto y los altos mandos del Ejército Mexicano, deja un sentimiento de vacío en la resolución del caso Ayotzinapa, el cual forma parte del proceso de concientización de las generaciones actuales, cuyas primeras experiencias de lucha estuvieron justamente en la resistencia ante la represión gubernamental de los gobiernos neoliberales. 

Además, la solicitud clara y puntual de las madres y los padres sobre la participación del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no ha alcanzado una respuesta puntual que demuestre que el señalamiento contra la institución castrense carece de veracidad, y hoy solo se tiene evasión, negación y una red de complicidad que teje la impunidad que parece ir perpetuándose en esta herida abierta llamada Ayotzinapa. El rechazo a la existencia de los más de 800 folios señalados por los investigadores independientes y por los familiares de los 43 desaparecidos responde, irónicamente, a un informe emitido por el propio Ejército; es decir, la institución señalada de ocultar información e impedir que se investigue en los campos militares para confirmar o descartar hechos y datos del caso, resulta que tiene la facultad de “autoevaluarse” y de decir que no posee dichos documentos, a lo cual las instituciones gubernamentales que realizan las investigaciones únicamente responden avalando lo dicho por el acusado, que se convierte también en una especie de juez.

Lo cierto es que, después del nuevo informe, Ayotzinapa sigue doliendo. El ir y venir en las investigaciones con acusaciones entre instituciones y dependencias, los giros indagatorios que parecieran más retroceso que avance, la protección al Ejército, la criminalización a las madres y padres de los 43 estudiantes y a las organizaciones que han acompañado el caso por tantos años, van dejando una nueva herida que se profundiza, pues lejos del poder y sin importar su color, abajo, muy abajo, está el pueblo que resiste esperando la verdad y la justicia, no como una prebenda, sino como el derecho de todo pueblo a saber el destino de sus hijos. Hoy, a 12 años y contando, nos siguen faltando 43.

Edición: Estefanía Cardeña