La ley y la crítica

Cuando las diferencias ideológicas privan sobre la reflexión serena, el salto de la razón crítica a la sobresimplificación y el prejuicio resulta raudo e inevitable. A partir de mi contribución de la semana pasada en este mismo medio, he recibido diversos comentarios de colegas y amigos que quiero y respeto, pero que me han sorprendido precisamente porque saltan sin mirar al lago de la descalificación y el descrédito. En aquellas líneas aplaudía –y aún aplaudo– la actitud mostrada en hechos por la secretaria Bárcena y su equipo, que emprendieron con representantes de organizaciones no gubernamentales un ejercicio de reflexión colectiva que dio lugar a varios cambios a una iniciativa de ley. Sólo dos organizaciones participaron en estas sesiones, lo que no respondió a una restricción impuesta por la autoridad. Fueron dos organizaciones las que encontraron la vía adecuada para emprender un diálogo: el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Las mesas de trabajo continúan, en paralelo con una serie de audiencias públicas que lleva a cabo el Congreso.

Las consultas públicas no constituyen en realidad un parlamento abierto; son un foro unilateral donde los participantes ofrecen a los diputados sus puntos de vista, sin algo que se parezca a un diálogo y sin garantía de que lo vertido por los colectivos tenga algún eco en los legisladores. Es un evento restringido a la CDMX, de modo que muchas voces quedan sin acceso a ser cuando menos escuchadas. El ejercicio debería ser reproducido sin prisa ni pausa en foros estatales y locales, particularmente al tratarse de pueblos originarios, actores fundamentales en el concierto de protección del patrimonio natural.

Entre los comentarios que despertó mi nota anterior destaca el desencanto de algunos, que prejuzgan que una nueva ley no se aplicará y las cosas seguirán igual o irán a peor. Pero la esperanza que anime a la colaboración proactiva puede transitar a una democracia más robusta y participativa. Otros comentarios ven en la relación con la autoridad una interacción individual, al estilo de “yo hablé con el funcionario Fulano, y no me hizo caso”. Esa sensación de inatención, o indiferencia ante un reclamo que juzgamos legítimo y general, nos coloca en una postura reduccionista.

Las sesiones de audiencia pública ya se llevan a cabo y evidencian tanto sus deficiencias como algunas pistas acerca de los rumbos que debiéramos explorar como sociedad que aspira a formas democráticas de convivencia. Una de las primeras cosas que saltan a la vista como una debilidad del proceso es que, al organizar las sesiones dividiendo la asistencia en función del sector del que dicen proceder, se fracciona el análisis de la iniciativa y se tiende a ver como una serie inconexa de visiones gremiales. Se trata de un proceso que hace visibles los diferentes intereses de grupos y diluye la percepción del interés general que puede tener un instrumento jurídico tan transversal e integrador como el ambiental. La otra gran deficiencia es la centralización de procesos que no solamente atañen a la ciudad capital, sino que afectan a toda la nación. 

Termino con algunos comentarios acerca de la postura sostenida por Luis Fueyo, presidente de CeIBA, A. C., durante la audiencia pública. Se partió del reconocimiento de que es necesario y urgente formular una nueva ley ambiental, dado que los problemas actuales son más profundos y complejos que los que enfrentaba el país a finales del siglo pasado. Se plantea que las agendas ambientales y de derechos humanos se entrecruzan y son parte de un mismo propósito. Hoy se han visto fortalecidas con el Acuerdo de Escazú. La justicia ambiental es prioridad y Escazú debe ser un hilo conductor dentro de la LGEEPA. Luis enfatizó el hecho de que el proyecto que ingresó a la plataforma de Infraestructura de la Calidad en mayo pasado no es el mismo que el que ingresó como iniciativa el 28 de agosto, gracias a que ha atravesado por un proceso de reflexión y diálogo que continúa hasta la fecha con el gobierno federal. CeIBA agradeció la disposición sincera y abierta de la secretaria Alicia Bárcena. Terminó con la propuesta a los diputados de que se establezca un foro en cada entidad federativa y se abra un periodo de un mes para recibir por escrito preocupaciones de cualquier persona, cualquier organización, por sencilla que sea, y a partir del 28 de octubre inicien su trabajo de redacción del dictamen. Añadiría a esto un llamado a la ciudadanía a organizarse para pugnar por la formulación de una ley ambiental robusta, democrática e incluyente.

Edición: Estefanía Cardeña