El PEF 2027 para el sector agrario y la impartición de justicia

Ante el trato dado al subsector agrario en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2027), uno no puede más que desilusionarse. Es irónico que sea el gobierno que impulsa la transformación nacional el que esté propiciando el desarrollo de un invisibilizado, pero intenso y selectivo, proceso de desposesión y despojo de los recursos de los ejidos y de las comunidades, pues ante su inmovilidad, consecuencia directa de la asfixia presupuestal, las fuerzas del mercado hacen de las suyas imponiendo las condiciones que todos conocemos. Una vez más, los recursos canalizados a la atención de este rubro para el próximo año son a todas luces insuficientes.   

Como todo mundo sabe, el sector agrario se encuentra en pleno proceso de desamortización de la tierra ejidal y comunal, lo que implica la potencial movilización de casi la mitad del territorio nacional en los mercados inmobiliarios y, por lógica, el surgimiento de un sinnúmero de conflictos derivados de operaciones legales e ilegales diariamente cristalizadas. Todos los días se concretan actos jurídicos de mayor o menor envergadura que son fuente de disputas, muchas de las cuales terminan en juicios instaurados ante los tribunales del ramo. Por eso es fácil entender que los recursos canalizados a su atención deben ser incrementados, no disminuidos.

La violación de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución, que manda garantizar una impartición de justicia agraria rápida y honesta, no sólo es sistemática, sino que, lo que es peor, se ha normalizado. Ello ha generado espacios para la corrupción que han venido siendo aprovechados por quienes medran con esa situación, la cual afecta tanto a los tribunales como a la PA y al RAN. Ese inmerecido trato presupuestal no hace sino confirmar el menosprecio que existe por la problemática agraria, producto de la incomprensión de la realidad del campo mexicano. Es evidente que, en la definición de las políticas públicas agrarias, sigue pesando más el enfoque eficientista de corte hacendario impulsado por los economistas neoliberales, que el enfoque justicialista de corte socioagrario basado en los ideales de la Revolución. 

La lentitud que aqueja a los juicios instaurados ante los tribunales agrarios a causa de la falta de recursos es exasperante. Procesos que deberían durar tres meses se prolongan décadas. La escasez de magistrados, secretarios, actuarios, peritos y demás se ha vuelto crónica, y sus restricciones financieras obligan a muchos tribunales a funcionar en condiciones precarias. Eso no es justicia. 

La pérdida de presupuesto y de capacidad operativa institucional ha sido constante, como si la desejidalización, la descomunalización y la relatifundización no existieran y como si la estructura agraria se mantuviera estable, forma de abandono que repercute con mayor fuerza en el patrimonio de los sectores campesinos más vulnerables y los deja expuestos a las veleidades del mercado. Lo que no se vale es que el Gobierno Federal cree programas sociales en desmedro de sectores en los que resulta altamente estratégico asegurar la equidad y el control, como el agrario, al que le reduce injustificadamente los recursos. Por un lado, se les da, y por el otro se les quita. 

Así las cosas, los justiciables se enfrentan a un doble problema. Por un lado, sufren los efectos materiales de los recortes presupuestales; y, por el otro, se someten a la valoración formalista de criterios incompatibles con el derecho social, sostenidos por una magistratura de orientación conservadora que privilegia el orden sobre la justicia y que desde su creación ha tenido el control de los tribunales agrarios (AMLO, 13 de noviembre de 2023). Esta situación se agrava cuando a ello se añade la impreparación y/o la falta de ética, como es el caso de las magistradas titulares de los tribunales agrarios de los distritos 8 (CDMX) y 25 (SLP), quienes sin rubor alguno se suben a su pedestal para defender los intereses empresariales.    

Frente a tal escenario, los sujetos agrarios se encuentran atrapados entre la incongruente incomprensión estatal que se refleja en la falta de recursos suficientes para la impartición de una justicia agraria digna, eficiente y oportuna, y los endebles criterios de estricto derecho que se aplican en la resolución de las controversias, problemas que, por el bien de todos, deben ser atendidos a la brevedad y de modo simultáneo.

Edición: Estefanía Cardeña