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Foto: Luis Castillo

El Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo que ha sido clave en la historia contemporánea de México. Es, sin duda, una de las grandes contribuciones de la época del “Milagro Mexicano” que ha conseguido perdurar gracias a su función primordial: asegurar el acceso a los servicios de salud para los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, la propia historia del IMSS da constancia de sus dificultades para crecer junto con la población y la derechohabiencia. Desde un inicio, para llegar a todos los estados, recurrió a la incorporación de hospitales locales que ya estaban en funciones. En el caso de la península de Yucatán, se tiene de ejemplo al Hospital General Regional 12, Benito Juárez, en Mérida, que originalmente fue el de Ejidatarios 20 de Noviembre. Hoy en día, esa estructura heredada es obstáculo para brindar una atención digna. Sirva de ejemplo que quienes acuden a donar sangre deben esperar en un arriate, pues no hay ni salas específicas ni sillas para asignarles.

Luego, el crecimiento del IMSS fue siempre por debajo del necesario para garantizar la cobertura de la población derechohabiente, y por encima, se aplicaron programas como el Coplamar, para atender a quienes no tenían acceso por su calidad marginal, lo que únicamente aumentó el número de pacientes que esperaban su turno en cada consultorio y obligó a elevar el presupuesto para la adquisición de medicamentos. 

Para colmo, también desde su fundación, el IMSS ha sido blanco de una campaña permanente de desprestigio y de estrategias contables inmorales por parte de patrones que declaran a sus empleados como receptores de salario mínimo, incluso alegando que “no te van a atender mejor si pagas más”; se ahorran un porcentaje de la cuota obrero-patronal y afectan las pensiones de sus trabajadores.

Ahora, de 2018 para acá, la infraestructura del IMSS ha crecido y también se aspira a garantizar que el acceso a la salud sea universal, no sólo para quienes están registrados por ser empleados. Para ello ha realizado fuertes inversiones en distintos puntos del país. Sí, hay siete nuevos hospitales, inaugurados en los últimos dos años, y otro tanto próximo a entrar en operación y más en construcción. Sin embargo, la calidad de la atención ha caído en picada; no porque el personal médico no brinde consultas, sino porque el área directiva los ha abandonado.

Así, de poco sirve que se hayan atendido 17 mil turnos adicionales, que existan horarios más amplios y hasta los fines de semana, si los laboratorios no cuentan con materiales como jeringas, gasas, cánulas, guantes, tubos de ensayo; si en la farmacia no hay medicamentos para la diabetes, hipertensión o ansiolíticos. Sí, hay quienes señalan que es el personal el que mediante el robo hormiga crea esta situación; pero en realidad deben responder por el inventario y reportar a los coordinadores administrativos cuando deba volver a surtirse el almacén, y al final, siempre les toca dar la cara cuando no se cuenta con una medicina y el paciente se ve obligado a regresar por ella otro día. El desabasto actual lo causan quienes tienen el control del presupuesto destinado a la adquisición de insumos y fármacos, así como de programar el mantenimiento de los equipos, que pueden obtener mayores beneficios por favorecer a determinados proveedores.

También es cierto que se ha creado una percepción de crisis por la amplificación de casos que afectan concretamente a personas vulnerables, por la reprogramación de una cirugía o una receta que no se surtió por completo. Por supuesto, para el tamaño del IMSS, es imposible esperar que no haya fallas. Pero la expectativa es que éstas no se originen en la falta de insumos básicos para atender a cualquier persona.

Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció que recorrería “piso por piso” las clínicas, algo que se esperaría de un funcionario de la 4T, a diferencia de uno neoliberal, del que se esperaría una solución “de escritorio”. Mientras, miles de trabajadores del Instituto han salido a marchar; sí, reclamando mejores ingresos, pero esencialmente por el derecho a contar con los materiales mínimos para cumplir con el objetivo central del organismo: garantizar el acceso a la salud.


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Edición: Estefanía Cardeña


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