Opinión
La Jornada
15/10/2026 | Ciudad de México
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció la conformación de un grupo de expertos independientes (GEI), tanto nacionales como internacionales, para realizar un “análisis técnico y científico” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los especialistas, seleccionados con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, también ayudarán a “identificar posibles mejoras legales y administrativas para que el registro nacional cumpla con el propósito establecido en la ley: ser una herramienta efectiva para la búsqueda y localización”. Destaca la amplitud de miras con que se convocó al GEI, pues sus integrantes se especializan en campos que van desde el análisis de datos, estadística, matemáticas e inteligencia artificial, hasta evaluación de políticas públicas, funcionamiento de las fiscalías y el sistema de justicia, rendición de cuentas y participación ciudadana, fortalecimiento institucional, seguridad pública y reducción de la violencia.
Cabe recordar que en marzo pasado el gobierno federal presentó un informe exhaustivo acerca de la crisis de desaparición forzada o perpetrada por particulares en el país, las políticas puestas en marcha para abordar este drama social y los avances obtenidos en el primer año y medio de la actual administración. En ese momento se reportó que desde octubre de 2024 las autoridades localizaron a 66 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas. Asimismo, se dio a conocer la revisión y actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el cual los 130 mil 178 reportes levantados desde 2006 que no han dado pie a una localización se clasificaron en tres categorías: 36 por ciento (46 mil 742) no tienen datos suficientes para emprender un rastreo; 31 por ciento (40 mil 308) cuentan con referencias para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición, y 33 por ciento (43 mil 128) engloban reportes en que se dispone de datos idóneos para la búsqueda y no se detectan actividades que dejen un rastro documental posterior a la fecha de desaparición.
Dichas categorías se establecieron a fin de facilitar las labores de búsqueda y priorizar los casos en que existen indicios fuertes de actos delictivos. Por ejemplo, en 31 por ciento de quienes registraron actividades después de su fecha de desaparición se observa que obtuvieron actas de matrimonio, inscribieron menores ante el Registro Civil, renovaron su credencial de elector o realizaron trámites laborales. Desde octubre de 2024 se ha ubicado a 5 mil 269 personas de este grupo y, aunque las autoridades no lo mencionan, se presume que una importante proporción de quienes quedan por localizar se ausentaron de manera voluntaria y continúan sus vidas apartadas de los familiares u otros vínculos que reportaron su desaparición. En cambio, es evidente la urgencia de determinar lo ocurrido a las personas que no han dejado ningún rastro documental después de que se les reportara como desaparecidas.
Pese a la utilidad de la clasificación, algunos colectivos de búsqueda y organizaciones no gubernamentales la interpretan como un intento del gobierno por maquillar cifras y eludir la responsabilidad de buscar y localizar a todos los desaparecidos. A fin de desmentir esa impresión, las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para encontrar a las personas cuyo paradero se ignora, esclarecer lo sucedido a cada una (haya o no ilícitos que sancionar), hacer justicia hasta donde sea posible, dar certeza a las familias y acabar con la criminalidad que sigue atentando contra la integridad física, la libertad y la vida de miles de habitantes. El establecimiento del GEI supone un paso positivo en esa dirección y es de esperarse que su trabajo permita acelerar la tarea, así como dar a los familiares, seres queridos y entornos sociales de los desaparecidos la seguridad de que existe la voluntad política para localizar a quienes faltan.
Edición: Ana Ordaz
