Opinión
La Jornada Maya
19/10/2026 | Mérida, Yucatán
César Jáuregui Moreno, ex fiscal de Chihuahua, fue detenido el fin de semana por agentes que hasta hace poco obedecían a sus órdenes, y quienes lo condujeron ante el ministerio público de esa entidad, a fin de que en audiencia respondiera a las acusaciones de ejercicio ilegal del servicio público y coalición para permitir la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en actividades que la Constitución no permite sin autorización de las autoridades federales.
La infiltración de la CIA en la FGE de Chihuahua, particularmente en la Agencia Estatal de Investigación, se dio desde octubre de 2025 hasta abril de este año, cuando quedó al descubierto su participación en un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la sierra Tarahumara.
De nuevo, no se trató de perseguir a quienes desmantelaron un laboratorio, como mañosamente esgrimió la oposición a la Cuarta Transformación, sino de haber permitido la presencia y participación de representantes de un gobierno extranjero en tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas. Para la Federación, esto configura el delito de traición a la patria, por lo que a Jáuregui se le debe seguir un proceso distinto al estatal, por lo que fue arrestado, en cumplimiento de una orden de aprehensión, al salir de la audiencia estatal.
Ahora, el ex fiscal chihuahuense se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social N° 1, El Altiplano, donde se definirá su situación jurídica.
El caso es relevante por las aristas que existen actualmente en la relación con Estados Unidos. Entre los 18 mexicanos muertos a manos o en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de ese país, y la presión del gobierno de Donald Trump para realizar incursiones militares en territorio nacional en busca de “narcos”, a la que ahora se añaden mensajes indicando la posibilidad de que compañías estadunidenses “ayuden” a México en materia petrolera. Vistos así, los intereses de ambos países en materia económica, social y de cooperación estratégica, parecen tener muy pocos puntos en común.
Por otro lado, está la política interna. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), de signo distinto al de la presidenta, y deberá entregar el cargo en 2027. Con el proceso electoral ya en marcha, la investigación por parte de la Fiscalía General de la República y el proceso judicial deben ser sumamente claros, para evitar señalamientos de que se trata de una maniobra electoral.
Por último, la carpeta de investigación debe ser sumamente sólida en cuanto a la configuración del delito de traición a la patria. Hasta el momento se tienen como hechos clave el permitir la participación de elementos de la CIA en un operativo, sin dar cuenta de ello a la Federación, y diseñar una logística de riesgo extremo, ya que el recorrido se hizo de noche, por una vía sumamente peligrosa; lo que resultó en la muerte de dos extranjeros, además de la de Pedro Román Oseguera Cervantes, director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes, quienes fallecieron luego que el vehículo en el que se trasladaban cayera a un barranco. Es decir, de la planeación derivaron cuatro decesos, incluyendo dos de agentes del orden nacionales. Falta comprobar si el Poder Judicial, a partir del Código Penal, coincide en la configuración del delito y la responsabilidad del imputado.
Edición: Estefanía Cardeña
