Opinión
La Jornada
28/10/2026 | Ciudad de México
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) anunció un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en el marco del cual instalarán cuatro mesas de trabajo con autoridades federales para abordar las distintas demandas de los transportistas; entre ellas, seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales. Augusto Ramos, presidente de la organización empresarial, informó que “ya se dio una instrucción a todos los compañeros en las carreteras para romper filas, ya se están desplazando a sus lugares de origen; las carreteras quedan despejadas, quedan libres. Alcanzamos muy buenos acuerdos en beneficio de todos nuestros compañeros transportistas, y sobre esa línea seguiremos trabajando”.
La semana pasada, la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones y Transportistas AC (Hamotac), la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) y Canacar llamaron a efectuar un paro nacional y al bloqueo de vías primarias de comunicación el lunes 26, pero las tres primeras se desmarcaron tras la propuesta de diálogo del gobierno federal. Si bien ha ocupado un lugar central el malestar con los asaltos y extorsiones que padecen los choferes, el detonante de la movilización fue el anuncio de las autoridades de un recorte en el tope de deducciones fiscales por concepto de peajes en autopistas, el cual pasó de 300 a 250 millones de pesos.
Como explicó en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el nuevo límite afecta únicamente a un puñado de muy grandes empresas, y no tiene efecto alguno sobre la inmensa mayoría de los transportistas. Para dimensionar lo que significa esta exención, una compañía de logística debe pagar 384 mil casetas de 650 pesos a tractocamiones de seis ejes antes de alcanzar los 250 millones de pesos. Con estas cifras, está claro que no se protesta por la pérdida de un apoyo, sino por el final de un privilegio del que se han beneficiado en detrimento de las arcas públicas y de la red carretera. En este sentido, los recursos adicionales que ingresarán al erario son un activo inestimable para satisfacer la exigencia de mejorar los caminos.
Por otra parte, es difícil comprender que se realizara un acto de presión con tan elevados costos económicos y sociales cuando los camioneros tenían tendida la mano de las más altas instancias para escuchar y atender sus demandas. La mandataria atinó al señalar que los movimientos de protesta acuden a estas medidas cuando no está abierto un canal de comunicación o cuando no hay respuestas a las mesas de trabajo. Este contexto, aunado a la reunión de afiliados a Canacar con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, vuelven inevitables las suspicacias en torno a una motivación desestabilizadora y partidista detrás de los bloqueos. De ser ése el caso, sería lamentable que los transportistas mezclen demandas legítimas que el Estado tiene el deber de solucionar con acuerdos oscuros que perjudican al país y desacreditan su causa.
Cabe esperar que el desarrollo de las conversaciones entre transportistas y autoridades separe a quienes desean resolver los problemas que aquejan al sector de quienes son empujados por intereses inconfesables, y que estos últimos queden aislados en el golpeteo. Asimismo, es importante que la sociedad distinga a unos actores de otros, pues confundirlos puede conducir a tomar las maniobras de consorcios poderosos por reclamos populares.
Edición: Ana Ordaz
