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Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

Un año más, Yucatán disputó el liderazgo nacional en tasa de suicidios. De acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Chihuahua obtuvo el nada halagüeño primer lugar con 14.2 defunciones auto infligidas por cada 100 mil habitantes, seguido de la entidad que también da nombre a la península, al otro extremo del país.


La medición reportada corresponde a 2025, y es de nueva cuenta una reedición de una nada envidiable “disputa” entre los dos estados que en los últimos años han sido los punteros en esa estadística, ambos muy por encima del promedio nacional de 6.9 suicidios por cada 100 mil habitantes, y ambos han estado en algún momento en la nada honrosa primera posición.


En lo que respecta a la península, debe considerarse que Quintana Roo ocupó el tercer lugar en la estadística, también con una tasa de dos dígitos. En 2024, Campeche ocupó la posición 12, con 8.3 incidencias por cada 100 mil habitantes. En otras palabras, si los tres estados fueran una sola entidad, como hace ya casi dos siglos y no falta quien añore, sin lugar a duda ésta encabezaría la lista difundida este martes por el Inegi, y tal vez con mucha ventaja sobre su más cercano perseguidor.


El ejercicio de medición deja de serlo en el momento en que se toma consciencia de que se trata de personas que por alguna razón decidieron dejar de vivir y que la incidencia se repite en los mismos lugares, año tras año. El primer impulso es asociar el fenómeno a alguna cuestión cultural, un atavismo, lo que resulta reducir a las víctimas a una observación de laboratorio; como decir que esas muertes eran inevitables. Nada más falso.


Asociar el suicidio a motivos culturales parece ser el factor decisivo para que se evite el diseño de cualquier intervención preventiva, y le quita responsabilidad a componentes socioeconómicos y a quienes tienen la posibilidad de diseñar y poner en marcha políticas públicas de atención a la salud mental.


En esta misma década, Yucatán se promovió como un estado destino para quienes quisieran cambiar de residencia, y a la capital, Mérida, se le dio el distintivo de “mejor lugar para vivir” en México. La estadística parece decir que muchos no encuentran sentido en esos calificativos mercantilizados.


Ha sido postura de este periódico, e insistiremos en ella, que los resultados de la EDR reflejan la poca voluntad política que existe en la península -y en Chihuahua -para atender un problema de salud pública y de persistencia de estructuras socioeconómicas que normalizan estas altas tasas, y su repetición año tras año. De nuevo, no se trata de una herencia, atavismo, cuestión cultural o programación genética.


Entonces, lo que debiera estar en revisión son variables como el porcentaje de población absorbida por la informalidad económica, la falta de oportunidades de obtener, de manera lícita, un ingreso digno y suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. En fin, la existencia de esquemas que promueven la desigualdad y su profundización, así como otros factores que no deben descartarse de cualquier análisis que pretenda ser serio: acceso a una alimentación sana, a infraestructura y servicios básicos, índices de violencia intrafamiliar, inestabilidad laboral, discriminación por color de piel, origen étnico, pertenencia a la diversidad sexual; la lista podría continuar, pero le corresponde a las instituciones de Salud el realizar los estudios técnicos pertinentes.


Reiteramos que el análisis serio de los resultados de la EDR debe contemplar otros indicadores, como la incidencia de la edad de inicio en el consumo de alcohol y otras drogas, al igual que las cifras de embarazos en menores de 19 años y de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.


Esos son algunos de los indicadores que deben incorporarse si de verdad se pretende reducir las tasas de suicidio. La incuria simplemente hará que se naturalicen unas cifras que no son envidia para nadie. Como medio, nuestra responsabilidad ha sido adoptar medidas recomendadas por especialistas a fin de evitar la promoción de más muertes auto infligidas e igualmente servir de foro a las voces que realmente busquen rescatar la dignidad humana de quienes atraviesan una crisis que les pudiera llevar al intento de quitarse la vida. Comencemos por reconocer que el fenómeno termina por afectar a muchas más personas que las registradas en la estadística. 


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Edición: Ana Ordaz




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