IPAB, el derecho a saber

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció en favor de que se abran los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB, antes Fobaproa), y preguntó al secretario de Hacienda si es factible liberar la información “para que se sepan todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa”. En respuesta a declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, la mandataria reviró que sí se benefició de la socialización de la deuda privada, pues “Salinas y Rocha es una de las empresas rescatadas por el Fobaproa: se pagaron 4 mil 160 millones de pesos por ella, y después Elektra compró esas acciones a un valor mucho menor, 77 millones de dólares”, equivalentes a alrededor de 500 millones de pesos de la época.

Es injustificable ocultar a la sociedad el conocimiento acerca de quiénes han lucrado con una operación fraudulenta que ya se ha pagado por casi 30 años y que, en el mejor de los casos, se terminará de cubrir en 2050. Cabe recordar que hasta abril de 2025 más de 945 mil millones de pesos de todos los mexicanos se habían ido por el pozo sin fondo del Fobaproa-IPAB, una cantidad que supera los 2 millones de millones cuando se actualiza por inflación. Si bien los pagos realizados porel gobierno federal tienen un impacto decreciente en las finanzas públicas porque el aumento de la economía reduce el peso relativo de la deuda en el producto interno bruto y el presupuesto, estas erogaciones todavía son un freno al bienestar y el desarrollo.

Con los 48 mil millones de pesos aprobados para el IPAB en 2027 se podrían pagar casi un millón de pensiones no contributivas para adultos mayores, alrededor de 270 mil Pensiones Mínimas Garantizadas del IMSS; o bien, contratar a más de 50 mil médicos familiares de la misma institución, con lo que se triplicaría el número de estos especialistas de los que actualmente dispone el seguro social. En los tres casos, se cubriría un año completo del beneficio.

Por ahora, diversos obstáculos legales impiden a la titular del Ejecutivo dar a conocer los datos de uno de los mayores desfalcos de la historia nacional. La Ley de Instituciones de Crédito (LIC) declara confidencial la información de las operaciones de los clientes; la Ley General de Transparencia les da el mismo estatus, sin temporalidad, a los secretos bancario, fiduciario, fiscal y bursátil cuya titularidad sea de particulares; la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece que para abrir información confidencial se requiere el consentimiento de cada titular, salvo que esté en fuentes públicas, una ley le dé carácter público, exista orden judicial o se justifique por razones de seguridad nacional, salubridad o derechos de terceros. Asimismo, en 2005 los entonces ministros de la Suprema Corte Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Juan Díaz Romero, José Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Mariano Azuela Güitrón resolvieron de manera sumi-sa una controversia constitucional en la que el ex presidente Vicente Fox les pidió prohibir que la Auditoría Superior de la Federación revisara las operaciones realizadas por el Fobaproa.

Sin embargo, todas las trabas interpuestas para negar a la ciudadanía el derecho a conocer los nombres de quienes hace tres décadas saquearon el erario pueden removerse con una ley que declare pública la información del rescate bancario: el artículo 119 de la LGTAIP dice que no se requerirá el consentimiento del titular para divulgar información confidencial cuando por ley tenga el carácter de pública. También sería conveniente reformar la propia LGTAIP a fin de excluir los recursos del IPAB de los secretos fiduciario y fiscal establecidos en sus artículos 116 y 118, así como modificar el artículo 142 de la LIC para retirar la secrecía a las operaciones pagadas con recursos públicos del rescate.

Incluso sin estos cambios normativos, la FGR puede solicitar información y el consentimiento para divulgarla puede obtenerse mediante resoluciones judiciales. En los hechos, esta vía ha estado cerrada por la catarata de amparos promovidos por los interesados en ocultar malos manejos, conflictos de intereses y su participación en el expolio. Por ello, el camino legislativo es el idóneo, y el Congreso debería convertir en una prioridad absoluta este necesario ejercicio de transparencia. Si el saqueo del Fobaproa/Ipab no es punible por la vía legal, que la ciudadanía conozca al menos los nombres de las personas y empresas que hicieron o engordaron sus fortunas gracias el enorme sufrimiento social causado por el rescate bancario zedillista.

Edición: Ana Ordaz