Sinaloa: fiscales (también) impunes

Diecisiete días después del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, principal adversario político del entonces gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, el vicefiscal sinaloense Dámaso Castro Saavedra acompañó la presentación de un montaje videográfico de muy mala factura con el que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mintió, obstruyó la justicia y cometió delitos hasta ahora impunes.

Castro Saavedra y Claudia Zulema Sánchez Kondo, también vicefiscal en 2024, realizaron las investigaciones y judiciales que desembocaron en la mentira difundida en presentación a la prensa por Sara Bruna Quiñónez Estrada, entonces titular de la fiscalía sinaloense. Con ese engaño en video, se pretendía establecer que Cuén Ojeda no había sido asesinado en el mismo lugar y horario en que se escenificó el secuestro o entrega de Ismael Zambada, El Mayo, a Estados Unidos. El crimen no habría sido de mañana en aquella celada de uno de los hijos de Joaquín Guzmán, El Chapo, sino en la noche de ese mismo día, en un intento de robo de una camioneta.

Como una demostración de que en México y, en particular, en Sinaloa, el estado de derecho y el respeto a las leyes solo son referencias para discursos y comunicados gubernamentales, Castro Saavedra duró todavía casi dos años como vicefiscal (la cómplice, Sánchez Kondo, sustituyó a Quiñónez Estrada en la titularidad de la fiscalía: impune una como la otra). El nombre del vicefiscal fue mencionado el 29 de abril del año en curso en la lista de diez acusados por Estados Unidos, con fines de extradición, de delitos relacionados con el crimen organizado.

El cinco de mayo de este año, Castro Saavedra pidió licencia de seis meses a su cargo de vicefiscal general y ayer se informó que, al terminar ese lapso, presentó su renuncia. No hay información oficial de que haya acción judicial en contra de él ni de la actual fiscal sinaloense, Sánchez Kondo, a pesar de que la fiscalía federal dictaminó que se había realizado un montaje en el caso del asesinado Cuén Ojeda. La FGR lo citó a declarar y él negó cuanto creyó necesario y se declaró disponible para más indagaciones.

Con licencia al cargo, sin mayores consecuencias, luego de la acusación de un gran jurado neoyorquino, se mantienen el gobernador Rubén Rocha Moya y uno de sus ahijados políticos, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil (a la hora de cerrar esta columna solo se sabía que ya había rebasado los seis meses de su permiso original). El senador Enrique Inzunza Cázares se reintegró a su cámara, luego de una serie de maromas administrativas para justificar un periodo de ausencias.

De los demás acusados, de menor perfil político y administrativo, la mayoría relacionados con la actividad policiaca, no se sabe mayor cosa. Se dice que faltan pruebas para demostrar que ellos, y las piezas de primer nivel, fueron corresponsables del predominio ejecutivo de facciones del crimen organizado en Sinaloa. Nada sobre el asesinato de Cuén Ojeda ni castigo por el burdo montaje videográfico antes mencionado. Nadie sabe, nadie supo.

Ya como parte del partido político Somos, Edmundo Jacobo, quien ocupó durante quince años el segundo cargo en importancia operativa del instituto electoral, se declaró plenamente dispuesto a ser auditado en cuanto a contratos a proveedores de material electoral: “no me voy a esconder, como Guadalupe Taddei”, dijo…

Y, mientras México ha otorgado asilo diplomático a Nadia Shirley Beller Delgadillo, quien fue pareja de Fernando Cerimedo, el activo operador en redes digitales y “estratega electoral” a favor de candidatos de ultraderecha en varios países latinoamericanos, hasta ser detenido en Bolivia acusado de ordenar el asesinato de su excompañera, que a la vez ha dado santo y seña de los trafiques y trampas realizadas por el citado Cerimedo, socio del español Javier Negre, traído a México por Ricardo Salinas Pliego para ayudarle en su precampaña presidencial… ¡hasta mañana!

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Edición: Ana Ordaz